Por: Víctor Hugo Arteaga
CDMX. 13 de noviembre de 2018.- El contador público Javier Nava Soria busca un proceso abreviado que la Procuraduría General de la República (PGR) se niega a otorgarle, informaron allegados al supuesto contador del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa.
Nava Soria enfrenta las acusaciones por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) que lo vinculan con el ex gobernador veracruzano Javier Duarte de Ochoa, quien se declaró culpable de los cargos y fue condenado a nueve años de prisión.
Vinculan a proceso a Javier Nava Soria por delincuencia organizada y lavado de dinero
La PGR enjuicia a Nava Soria a través de la Unidad de Inteligencia Financiera por ser el comisario de las empresas Consorcio Brades y Cine Libélula, que figuraron en la compra de terrenos para Duarte en Lerma, Campeche.
El dinero que pasó por esas empresas, salió de las cuentas de la Secretaría de Eduación Pública del Estado de Veracruz (SEV)
A pesar de que la red de prestanombres de Javier Duarte contaba con alrededor de 20 empresas que manejaron los recursos que salieron desde la SEV, la PGR solo solicitó órdenes de aprehensión contra Nava Soria, pero contra ninguno de los otros comisarios de las firmas involucradas.
En abril del año 2017 Nava Soria fue capturado cerca de Barcelona, la PGR solicitó su extradición, que fue negada en dos ocasiones por la Suprema Corte de Justicia del Reino de España.
Tras vencerse su visa en España, Nava Soria fue deportado a México y trasladado al Reclusorio Norte, donde se otorgó una orden de aprehensión desde octubre del año 2016.
La Procuraduría General de la República (PGR), en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y su Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), descubrieron que el complejo sistema de lavado de dinero utilizado por Duarte de Ochoa y su red de operadores, permitió ingresar 253 millones de pesos al sistema financiero del país.
Junto con Duarte de Ochoa se encuentran acusados además de Moisés Mansur Cysneiros, Alfonso Ortega López, José Juan Janeiro Rodríguez, Rafael Gerardo Rosas Bocardo y Javier Nava Soria.
Las hermanas Elia y Nadia Isabel Arzate Peralta, que fungían como secretarias de Moisés Mansur, fueron condenadas ya a tres años de prisión al haber aceptado tratos y declararse culpables del delito de lavado de dinero. Ellas alcanzaron su libertad por buena conducta en junio pasado.
Ayer la PGR informó que la investigación contra Javier Nava Soria, se encuentra en riesgo, pues los jueces y magistrados federales que lo juzgan están utilizando ‘criterios a modo’.
Felipe de Jesús Muñóz, subprocurador Especializado en Investigación de Delitos Federales de la PGR, detalló que plantearán una nueva estrategia legal para la etapa del juicio oral, así como hará con otros implicados en el caso.
En la audiencia intermedia celebrada el pasado 8 de noviembre el juez de control resolvió que fueran excluidos 11 pruebas documentales, 12 pruebas testimoniales y dos dictámenes periciales presentadas por la PGR, relacionadas, todas ellas, con información financiera obtenida por el agente del Ministerio Público, sin la autorización de un juez, de acuerdo a las reformas del Código Penal.
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