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Ciudad de México. 27 de noviembre de 2018.- En mayo de 2017 asesinaron al periodista Javier Valdez. Este martes el New York Times (NYT) publicó una nota en la que se informa que un día después del homicidio, dos compañeros de Valdez en el semanario Ríodoce recibieron mensajes que les aseguraban que los homicidas habían sido detenidos; mensajes que no eran verdad sino más bien eran un intento de hackeo con el programa de espionaje Pegasus.
Dicho artículo del NYT indica que el Citizen Lab halló que los enlaces de los mensajes recibidos contenían el malware comprado por el Gobierno de México al grupo israelí NSO Group.
Los colaboradores afectados son el cofundador y director de noticias de Ríodoce, Ismael Bojórquez, y el director de noticias del semanario, Andrés Villareal, mismos que, de acuerdo con el texto, sospecharon desde que recibieron los mensajes, por lo que no abrieron los enlaces.
¿De dónde vinieron las dudas? De los números reales. Lamentablemente, en México más del 90 por ciento de los homicidios quedan sin resolver, entonces, ¿cómo era posible que las autoridades hayan resuelto este caso tan pronto?
Piensa mal y acertarás, dicen. Fue lo que les pasó a Bojórquez y Villareal al pensar que lo más probable es que lo mensajes fueran un intento para infiltrarse en sus teléfonos móviles, y a su vez a toda información y comunicación, y tuvieron razón.
Al respecto, el pasado 23 de noviembre el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó investigar si la Procuraduría General de la República (PGR) usó el programa Pegasus para espiar a periodistas y activistas.
El uso de tecnología de vigilancia en México es ilegal, sin embargo surgió con el actual presidente Enrique Peña Nieto, quien compró Pegasus con la ‘condición’ de emplearlo únicamente contra terroristas y delincuentes. Cosa sabida es que en realidad se empleó para el espionaje de los ‘enemigos’ de EPN.
Y ante ello, Citizen Lab confirmó que en el último año y medio hubo alrededor de 20 blancos que no cumplen con esa condición –terroristas y delincuentes–, entre ellos figuran los periodistas, defensores de derechos humanos y activistas anticorrupción más importantes y activos del país. El caso más sonado fue el de la periodista Carmen Aristegui.
El NYT asegura que si los colaboradores de Valdez hubieran dado el clic al enlace presuntamente enviado por el gobierno mexicano, el virus habría infectado los teléfonos móviles con un programa poderoso capaz de poder leer sus mensajes encriptados, revisar sus correos electrónicos y activar la cámara y el micrófono de manera remota.
Al respecto, Ismael Bojórquez señaló que:
“Creo que querían buscar entre nuestras conversaciones y mensajes pistas sobre el asesinato de Javier Valdez, pero estamos totalmente en contra […] Nada obtenido ilegalmente debería usarse en una investigación y particularmente nada que venga de quienes están involucrados profesional y emocionalmente con la víctima”.
Con información de The New York Times y La Silla Rota.