Acustik Noticias
Ciudad de México. 14 de octubre de 2018.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha documentado mil 469 páginas sobre las gestiones de Rosario Robles al frente de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), mismas que muestran que de 2013 a 2016 hubo un posible daño al erario por 11 mil 224 millones 956 mil 667 pesos.
Pese a que Robles argumentó en su defensa que en ningún documento relacionado con el posible daño económico está su firma, en una de las auditorías de 2015 se constató que autorizó los manuales de Organización y de Procedimientos de las direcciones generales de Programación y Presupuesto y de Recursos Materiales, áreas clave en la operación y control de contratos.
Robles aseguró también que todas las contrataciones y convenios de ambas secretarías son legales, pues todas se hicieron ‘bajo el amparo’ del Artículo 1º de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Sin embargo, la Auditoría observó una constante en las contrataciones, pues se establecían con universidades públicas o tecnológicos que subcontrataban a empresas más del 49 por ciento permitido y sin que contaran con la capacidad técnica y humana para prestar el servicio requerido.
“Entiendo que han dicho que el Presidente electo [Andrés Manuel López Obrador] no me perdonará. Yo no pido el perdón de nadie. No tengo absolutamente nada que temer, ni nada que esconder. A mí que se me investigue hasta por debajo de las piedras”, declaró Robles en una conferencia de prensa el 11 de septiembre pasado.
De acuerdo con información de Sin Embargo, el total de auditorías revisadas testifica que durante su estancia al frente de la Sedesol (2013-2015) hubo dudas por 6 mil 558 millones 420 mil 667 pesos, mientras en la Sedatu –únicamente en auditorías de 2016– dudas por 4 mil 666 millones 536 mil 010 pesos.
Del Gobierno saliente, Rosario Robles encabeza la lista de funcionarios públicos polémicos. La acompañan el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) Gerardo Ruiz Esparza; el secretario de Relaciones Exteriores (SRE) Luis Videgaray; y Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Por su parte, el futuro titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) Santiago Nieto Castillo dijo que considerando el delito de comisión por omisión, Robles ‘tiene calidad de garante, por ello es responsable penalmente’: sobre ella recae no haber evitado las irregularidades que el órgano fiscalizador señaló durante cuatro años, pese a que podía y era su deber jurídico.
La ASF también documentó que durante las gestiones de Rosario Robles se realizaron adjudicaciones directas de Sedesol y Sedatu a universidades públicas como la de Morelos, Estado de México, Chiapas o institutos de educación para diversos servicios, a pesar de que no poseen la capacidad técnica, material ni humana para cumplir con lo contratado.
Estas instancias pagaban a terceros por los servicios requeridos, generando sobrecostos; en otros casos no se contó con la evidencia de la realización por parte de los proveedores. Además, algunas empresas no fueron localizadas y de otras se presume su vinculación con actos irregulares.
El abogado Paulo Díez Gargari declaró que el caso de Robles tiene un patrón similar a otros igual de polémicos tejidos con redes de corrupción muy parecidas que se pueden observar, como con las constructoras OHL México u Odebrecht.
“El hecho de que alguien hoy diga ‘mi firma no está ahí’ es un indicador muy claro de algo que se perdió de vista: quizá la característica más importante de la gran corrupción es la simulación […] Es importante fortalecer las policías de investigación, todas las instancias de procuración de justicia para que se realicen investigaciones. Hay que ir mucho más allá”, puntualizó.
Asimismo, coincidió con Nieto Castillo: el hecho de que no esté la firma de Rosario Robles en esos documentos no le quita responsabilidad.
“Hay que ahondar en esas investigaciones, hacia abajo en la cadena y hacia arriba para ver quién autorizó, por qué y si tenía facultades. También ver qué ocurría en ese momento, si había elecciones o no había, ver a dónde fue a dar ese dinero. Luego todo un equipo tendría que tomar ese caso, pero no hay algo así en este país; no tenemos una policía de investigación seria que se ocupe de esos asuntos con el nivel de detalle, seriedad y profesionalización que se requiere, que nos permita ver cuál fue la responsabilidad de cada una de las personas involucradas, más allá de que hayan puesto su firma o no”.
Un caso similar es el del Videgaray durante su titularidad en la SHCP, quien aseguró no haber firmado contratos en el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras). De nueva cuenta la apariencia de legalidad, pues al ser el Presidente del Consejo de Administración del Consejo Directivo de Banobras, tenía que presidir todas aquellas reuniones en las que se aprobaban contratos por ciertos montos.
“Entonces lo que hizo fue crear comités –muchos al margen de la ley– para que no pasaran por el Consejo Directivo, sino que esos actos se aprobaran en un comité delegado del Consejo Directivo. Eso es completamente ilegal, son las cosas que hay que empezar a ver, porque si aceptamos el argumento del ‘yo no firmé’ tendremos un análisis incompleto”, reiteró Díez Gargari.
Rosario Robles comparecerá ante el Congreso de la Unión el 16 de octubre. Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, prevé que ‘insistirá en la legalidad de sus actos y una autoridad investigadora tendrá que comprobar su dicho’.
“Históricamente la responsabilidad administrativa se ha asignado solo a los funcionarios que firman los documentos. Ni las contralorías, ni los auditores externos han logrado establecer los casos en los que los funcionarios han recibido instrucciones superiores o son parte de una red de corrupción”, subrayó.
La organización que dirige ha insistido desde hace más de dos décadas en implementar un mecanismo de protección a los informantes dentro de una red de corrupción.
“La única forma en que se han detectado las redes de corrupción en América Latina ha sido a través de mecanismos de ‘delación premiada’ en los que los integrantes de menor rango informan qué fue lo que les pidió un superior jerárquico a cambio de una reducción en las penas”, agregó.
A mediados de septiembre, los senadores Ricardo Monreal Ávila y Freyda Marybel Villegas Canché presentaron basados en las auditorías una iniciativa de reforma para el artículo 1° de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público para frenar actos de corrupción.
Con información de Sin Embargo y Noroeste Noticias.