Por: Robert Fulton Salgado | Corresponsal de Acustik Noticias
Cuernavaca, Morelos. 23 de octubre de 2018.- El tema de la saturación por restos mortuorios en las tres subsedes del Servicio Médico Forense (Semefo) de Cuautla, Jojutla y Cuernavaca por la falta de presupuesto y materia prima para la implementación de pruebas legistas (ADN, dactilares y de inhumación) como marca la ley, ya alertó a diversos sectores por la opacidad con que se manejó la pasada administración en materia de investigación de personas desaparecidas y los feminicidios.
En voz de Pedro Martínez Bello representante del Foro de Abogados del Estado (FAM) articuló la postura de que el ‘apilamiento’ de cuerpos sin identificar y con patrones similares de ajusticiamiento, sustentan la tesis de que en Morelos existe un ‘asesino serial’ del cual la FGJ bajo tutela de Uriel Carmona Gándara conoce el tema pero no informa nada, y por el contrario argumenta que sólo se trata de fosas comunes.
“Y lo ha ocultado por una razón, la FGJ no tiene la capacidad económica ni material para llevar a cabo una investigación sobre un homicida serial, mucho menos para varios de ellos; es por eso que el tema de los cadáveres amontonados en el Semefo, es sencillo pues al no prevenir los feminicidios y desapariciones, tenemos como resultado lo que ya sabemos: no podemos convertirnos en el cementerio de Jalisco (estado), en el cual remolques de tráiler andaban errantes con los restos”.
Con base a un estudio genérico sobre los patrones similares en que las víctimas fueron lesionadas, citó los homicidios de una mujer en Tepoztlán y otra en Cuautla ‘tenían exactamente el mismo patrón de conducta, la edad, de dos a dos meses y días de haberse cometido el homicidio, las privaron de la vida en un lugar y arrojaban el cuerpo en otro sitio, y así pasó en el otro caso, lo que hace suponer de un criminal en serie y del cual el fiscal no da cuenta’.
Dijo que sí no están los cuerpos depositados de manera ‘legal’, el titular de Justicia debe precisar la diferencia entre fosa común y fosa clandestina, siendo que la administración pasada cometió el error de ‘apilar’ a todos los cuerpos sin llevar a cabo una identificación cadavérica.