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La Paz, Baja California Sur. 27 de septiembre de 2018.- Armando Martínez Vega, exalcalde de La Paz, Baja California Sur, por el Partido Acción Nacional (PAN), inició su mandato con cuatro propiedades y lo concluyó con 12, valuadas en más de 50 millones de pesos.
En 2017 presentó en su declaración patrimonial cuatro propiedades valuadas en un millón 400 mil pesos. Además, declaró no haber adquirido propiedades durante 2017 y 2018. Pero su hijo Carlos Martínez Hernández ha registrado como suyos en el trienio de su padre cinco inmuebles. Lo curioso es que no tiene cómo comprobar legalmente los ingresos para adquirirlos.
La investigación realizada muestra que el valor de las propiedades fue falseado para ser ocultadas y pagar la tasa mínima en el Impuesto sobre Adquisición de Bienes Inmuebles (Isabi), lo que generó un daño patrimonial en perjuicio de la tesorería del Ayuntamiento de La Paz.
Ambos hechos son delitos que deben ser investigados y castigados por la Contraloría General del Estado y la Contraloría Municipal y, una vez instalada en la entidad, la Fiscalía Anticorrupción.
Sonia Murillo Manríquez, contralora general del Estado, se deslindó del caso bajo el argumento de que ‘a partir de este año (2018) las declaraciones patrimoniales (del edil), se presentan en la contraloría municipal’, por lo que es competencia del municipio.
Conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios aprobada el 27 de junio de 2017, la Contraloría del nuevo gobierno municipal, encabezado por Rubén Muñoz Álvarez de Morena, está obligada a iniciar una investigación y deslindar responsabilidades por el enriquecimiento ilícito.
Con información de Político MX