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Ciudad de México. 08 de agosto de 2018.- Las 140 mil personas desaparecidas en el territorio nacional y 31 mil 174 homicidios por hechos violentos en 2017 demuestran que la criminalidad aumentó, y que el Estado mexicano está eliminado en diversas regiones y carece de potestad, porque quien manda e incluso cobra impuestos es la delincuencia organizada. De ahí la urgencia de reformar el Artículo 21 de la Constitución Política en materia de desaparición forzada.
Así lo manifestó el diputado Juan Romero Tenorio, al presentar –a nombre del Grupo Parlamentario de Morena– una iniciativa para adicionar un último párrafo a dicho artículo constitucional.
“La pretensión es ya no ver a más madres, hijos, hermanos, padres, caminando en el campo buscando tumbas clandestinas con una varilla; buscando restos de sus seres queridos”, puntualizó.
Ante el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, aseveró que la andanada del crimen en nuestro país se evidencia de forma cotidiana, pues las víctimas colaterales relucen cada día y la prensa da testimonio sobre asesinatos y desapariciones forzadas.
“Es complejo el problema y tan es así, que nos lleva a discutir cuestiones de la denominación de estrategias. El día de ayer, Andrés Manuel López Obrador inició los foros por la paz y habla de pacificación”, enfatizó.
Subrayó que las miles de víctimas confirman un Estado fallido y que no es capaz de garantizar el derecho a la vida, ni a la seguridad de sus habitantes. Además, afirmó, el Poder Legislativo ha sido comparsa y cómplice de la falta de funcionamiento del Estado mexicano, al no implementar las leyes necesarias, ni tampoco determinar políticas públicas para resolver dicha problemática.
Romero Tenorio señaló que a pesar de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Organización de Naciones Unidas (ONU) han presentado diversas recomendaciones al Gobierno Federal para acabar con las desapariciones forzadas y fosas clandestinas, éste ha sido omiso y sigue sin mostrar voluntad ni compromiso con los familiares de las víctimas.
“El Ejecutivo Federal que aún está en funciones no puede guardar silencio ante este atroz desastre respecto de los derechos humanos”, exigió el legislador federal capitalino.
Asimismo, recordó que al principio de la actual Legislatura, varios diputados federales de Morena presentaron al Presidente Enrique Peña Nieto un programa de búsqueda nacional, el cual tenía sustento en la Ley General de Atención a las Víctimas y exigía políticas públicas para emprenderlo de inmediato.
“Esa propuesta quedó en el archivo y se siguieron acumulando los miles de víctimas, los miles de familiares buscando a sus parientes, buscando a sus amigos, a sus hermanos, a sus hijos”, reclamó Romero Tenorio.
En ese contexto, explicó que la iniciativa al Artículo 21 Constitucional va encaminada a que el Estado acepte y reconozca plenamente la competencia del Comité sobre las Desapariciones Forzadas, en conformidad con lo que establece la Carta Magna, los tratados aplicables y demás leyes aplicables sobre la materia.
“Desaparición forzada no solamente es la atención a las víctimas o hacer estadística de éstas. Desaparición forzada implica correr el velo para descubrir a la Policía Federal, estatal o municipal que está implicada en este tipo de delitos; correr el velo para acreditar y hacer visible a la incapacidad de los fiscales o los procuradores para atender este problema, o para denunciar e investigar su responsabilidad en estos problemas, puesto que varios de ellos se han denunciado como implicados en desaparición forzada”.
Tras hacer un llamado a sacar adelante dicha iniciativa, el diputado Juan Romero expresó que afortunadamente el paradigma de la democracia ciega que tolera la complicidad y la omisión de la función pública ya acaba y que en México habrá nuevo esquema de responsabilidades.