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CDMX. 22 de agosto de 2018.- Como una mancha que permanece sin secarse, así se conserva la huella de la guerra sucia en México frente a la que el Estado ha apostado al olvido, pero que gracias a la memoria colectiva busca comunicarse con la sociedad no para mirar un pasado muerto, sino un presente vivo, asegura el doctor Jorge Mendoza García.
La reconstrucción de la memoria colectiva y la criminalización de la guerrilla ocupan un lugar dentro de los artículos contenidos en el libro Memoria colectiva de América Latina, coordinado por Mendoza García y Manuel González Navarro, profesores del Departamento de Sociología de la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
En el texto la memoria colectiva es considerada como una reconstrucción social sobre actos significativos del pasado que se realizan desde el presente bajo una visión colectiva que insiste en que es menos una facultad individual y más un proceso de edificación cultural masiva.
La cualidad de ese concepto es guardar y dar cuenta de lo significativo de la vida, de lo que vale la pena mantener para luego comunicar y que alguien más lo signifique, fortalecido por el diálogo colectivo que minimiza los gravámenes del silencio.
Mendoza García afirma que la cualidad de la memoria es guardar y dar cuenta de lo significativo de la vida, de lo que vale la pena mantener para luego comunicar y ser significado por alguien más a través del fortalecimiento del diálogo grupal que además ayuda a minimizar los gravámenes del silencio.
Además recuerda cómo en los años sesenta y setenta del siglo XX actuaron en México alrededor de 30 grupos guerrilleros, divididos como guerrilla rural y urbana, que orillados por la carencia y el abuso de un Estado que los despojó de tierras y libertades concluyeron que no quedaba otra ruta que la vía armada.
El investigador da cuenta de las prioridades presupuestarias para los gobiernos de la década de los años 60 y 70 del siglo pasado, y la eliminación de las guerrillas era una de ellas, ya que mientras la Comisión Federal Electoral recibía dos millones 978 mil pesos, la Dirección Federal de Seguridad obtenía 15 millones 199 mil pesos y otros 12 millones 201 mil pesos por concepto de “improvistos”.
El doctor en Ciencias Sociales en el área de psicología social detalla que los procesos de ideologización y criminalización posibilitan tres cuestiones: deslegitimar las demandas guerrilleras, impedir que la irrupción social se expandiera y preparar el terreno para la ofensiva militar.
La guerra no aparece en el escenario público haciéndose llamar guerra, sino se disfraza de pacifismo, legalidad y orden e intenta imponer una postura estereotipando al oponente. En ese caso la guerra sucia torturó, quebrantó y asesino, se linchó con furia detallada a los guerrilleros, señala el investigador.
La publicación se desarrolla a partir de tres grandes ejes, el teórico en el que figuran los marcos sociales, el lenguaje y el mantenimiento de la memoria; el contexto, y un tercero dedicado a la problemática de violencia y memoria ocurridos en el pasado y configurados en el presente.
Como parte de la Colección Historia, esta obra fue editada por Consejo editorial de Ciencias Sociales y Humanidades de la Unidad Iztapalapa de la UAM y la Editorial Biblioteca Nueva.