Columnas Reforma
Templo Mayor
F. Bartolomé
(18-Ago-2018)
AL FIN llegó el fin de semana, pero todo indica que apenas y servirá para tomar aire pues la agenda del lunes viene más cargada que la mochila de un alumno de primaria en primer día de clases.
JUSTAMENTE, arranca un año escolar que irá a caballo entre nuevas disposiciones de la reforma educativa… y su (muy) posible derogación tan pronto como en septiembre.
ADEMÁS, ese día reaparecerá Elba Esther “Libre Soy” Gordillo, quien seguramente tiene mucho que decir y que anunciar. Incluso hay quienes dicen que quiere retomar la presidencia vitalicia del SNTE.
PARA CERRAR, habrá una reunión de gabinetes: el saliente de Enrique Peña Nieto, y el entrante de Andrés Manuel López Obrador. Será un encuentro inédito en los cambios de administración y tiene como fin que todos se conozcan y evitar que se vean feo en los actos de entrega-recepción.
POR CIERTO, Enrique Peña Nieto comerá durante la semana con los próximos legisladores del PRI. Quiere desearles suerte y pedirles que no entorpezcan el trabajo del nuevo gobierno. Y dado que Los Pinos dejará de ser la casa presidencial, el evento bien podría llamarse: “¡La última y nos vamos!”.
MUY PREOCUPADOS andan los comisionados del INAI. Con eso de que la Cuarta Transformación traerá fuertes recortes en varios organismos públicos, sienten que el suyo está en la mira.
Y NO es para menos pues, mientras gozan de un salario de más de 194 mil pesos mensuales, jugosas prestaciones y hasta bonos, su labor no ha sido precisamente impecable y más bien ha estado marcada por las críticas.
CÓMO estarán las cosas que ya les dicen a los comisionados las “Vaquitas Marinas”… por aquello de que están en peligro de extinción.
VAYA que los foros hechos por el próximo gobierno para escuchar a víctimas de la violencia no han sido miel sobre hojuelas. Ya en Ciudad Juárez algunos le reclamaron a gritos a Andrés Manuel López Obrador su postura sobre el tema del perdón.
EN MORELIA, callaron al secretario de Seguridad Juan Bernardo Corona, a quien le achacan una total inacción en el tema de los desaparecidos. Y dicen que en Tamaulipas nadie quiere organizar el foro por temor a la inseguridad.
PARA COLMO, Loretta Ortiz, la encargada del tema de la pacificación, no parece tener los mejores contactos para armar esos diálogos, además de que ya metió en un lío a su jefe con la versión de que el Papa Francisco había aceptado participar, lo que resultó falso. ¡Ouch!
¿Independencia judicial?
Ana Laura Magaloni Kerpel (18-Ago-2018)
La SCJN hizo público el proyecto de sentencia elaborado por el ministro Laynez con respecto a las acciones de inconstitucionalidad que presentaron algunos partidos políticos, la CNDH, pero centralmente la PGR, en contra de la Constitución de la CDMX. Con esta sentencia, la Corte determinará los grados de autonomía y libertad que tienen la CDMX y las entidades federativas para decidir su régimen interior y su estructura de gobierno.
El proyecto de Laynez es particularmente deferente hacia el constituyente de la CDMX. De los 66 artículos impugnados, 56, en opinión del ministro, son válidos. Es decir, ese extenso y complicado entramado normativo se quedará casi todo como está. El reto para la futura jefa de Gobierno será monumental.
Sin embargo, donde el ministro Laynez pone un límite al constituyente de la CDMX y, con ello, al resto de las entidades federativas, es precisamente en la institución clave para comenzar a transformar el sistema de justicia mexicano: el Consejo de la Judicatura.
Esta institución es la encargada de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial y tiene, entre sus atribuciones, la designación, adscripción, ratificación y remoción de jueces y magistrados. Aunque la Constitución federal no dice nada al respecto, en la integración de estos órganos a nivel local, los miembros del Poder Judicial siempre han sido mayoría y el presidente del Tribunal Superior del estado lo preside. El poder del presidente del Tribunal radica en que generalmente él controla a los miembros del Consejo que provienen de carrera judicial. Al ser mayoría (4 de 7), el presidente tiene el poder de facto para interferir, si lo desea, en el sentido de las decisiones de los jueces y magistrados. De esos cuatro consejeros depende, en último término, el futuro profesional de los juzgadores. Varios abogados me han comentado que, en la CDMX de forma relevante, pero también en otras entidades del país, a través de los presidentes de los tribunales se administra una red de corrupción e influyentismo en asuntos que involucran a la élite política y económica. Este tipo de asuntos son muy pocos con relación a la carga total de trabajo de los poderes judiciales, pero su relevancia en la preservación de un orden social vertical y excluyente es inconmensurable.
La justicia es una primera plataforma de igualdad social, la cual debe garantizar que, en caso de conflicto con otro, no prevalezca el poder, el dinero o la influencia de alguna de las partes. La ley debe obligar y proteger a todos por igual. Ello es el basamento de una sociedad más pareja. Permitir el influyentismo y la corrupción en la impartición de justicia significa preservar y reproducir un orden social estamentario.
Con todo ello en mente, la Asamblea Constituyente de la CDMX modificó la configuración del Consejo de la Judicatura: sólo tres de los consejeros serían de carrera judicial y habría cuatro externos. Además, el presidente del Tribunal no presidiría dicho órgano. El proyecto de Laynez estima que es constitucional el asunto de la presidencia, pero sostiene que la configuración del Consejo viola la Constitución federal. Básicamente el proyecto señala que, dado que del Consejo depende la autonomía e independencia de los jueces, éste debe estar integrado mayoritariamente por miembros del Poder Judicial. Suena a un dogma de fe, pues los datos indican todo lo contrario. El “autogobierno de los jueces”, que hemos tenido de 1994 a la fecha, no cambió la vieja cultura judicial autoritaria que premia la lealtad y la obediencia de los jueces con las cabezas de la institución por encima de su profesionalismo, capacidad y desempeño. La discusión de este tema en el pleno va a ser muy reveladora: quiénes y cuántos ministros están dispuestos a que los poderes judiciales locales experimenten nuevas formas de organización interna que cimbren el statu quo y, quizá, encuentren soluciones para que los jueces desempeñen su tarea más elemental: garantizar que la ley proteja y obligue a todos por igual.
No es normal
Jorge Ramos Ávalos (18-Ago-2018)
La señora tenía razón. Me la había encontrado antes de tomar un elevador y cuando se dio cuenta de que era el que salía en la tele, se desahogó: “Mira, Ramos”, me dijo, “yo ya no veo las noticias porque se la pasan hablando todo el tiempo de Donald Trump. Estoy harta. Harta. Ya cambia de conversación, por favor”.
Quería decirle que yo también estoy harto. Quería explicarle que no nos inventamos las noticias, que solo las reportamos. Y que si Trump dice alguna barbaridad, miente, insulta a alguien o propone algo totalmente disparatado, los periodistas no tenemos más remedio que cubrirlo. Después de todo, es el líder del país más poderoso del mundo. Pero llegó el elevador. Yo bajaba, ella subía. Le di las gracias por su honestidad y nos despedimos a las carreras.
Me quedé pensando en lo que me dijo. Y tengo que reconocer que Trump domina muchos ciclos de noticias. ¿Por qué? Porque lo que hace Trump no es normal.
No es normal que un Presidente elegido democráticamente le llame “perro” a una de sus ex asesoras. Pero eso es exactamente lo que hizo Trump con Omarosa Manigault, a quien despidieron de la Casa Blanca y cuyo libro -y grabaciones secretas con el Presidente- tiene a Trump más que despeinado.
El insulto presidencial -a través de su cuenta de Twitter con 53 millones de seguidores- está cargado de machismo. Se nota que es la misma persona que se escucha en un video del programa Access Hollywood diciendo que podía agarrar a las mujeres de sus genitales solo porque él era famoso.
Tampoco es normal que el presidente de Estados Unidos haya hecho comentarios racistas. Pero van cargadas de racismo sus declaraciones (en el verano del 2015) asegurando que los inmigrantes mexicanos son criminales y violadores, y sus más recientes espasmos de odio donde aparentemente dijo que los inmigrantes de Haití y África venían de “países de mierda”.
Trump ha normalizado el odio en Estados Unidos. Si el Presidente agrede verbalmente a minorías e inmigrantes, nada detiene a muchos de sus seguidores y votantes a hacer exactamente lo mismo. Por eso no sorprende que el número de grupos de odio (desde neo-nazis hasta anti-musulmanes) haya aumentado de 917 a 954 en el 2017, según el Southern Poverty Law Center.
Desde que lanzó su candidatura presidencial, Trump ha descargado sus prejuicios contra los inmigrantes. En varios tuits ha dicho que se opone a la reunificación familiar o lo que él llama “migración en cadena”. Este es un proceso perfectamente legal y con décadas de éxito que permite a un inmigrante traer a Estados Unidos a sus familiares más cercanos, padres e hijos.
Irónicamente, los padres de su esposa Melania se acaban de beneficiar de esa “migración en cadena”. El abogado de Viktor y Amalija Knavs, originarios de Eslovenia, le explicó al diario The New York Times que Melania patrocinó a sus padres para que obtuvieran la residencia permanente y luego, tras cumplir los requisitos, se convirtieron en ciudadanos estadounidenses. Y todo fue legal.
Bueno, eso que hicieron los abuelos de su hijo Barron es lo que Trump no quiere que hagan otros inmigrantes. No, la congruencia no es el fuerte de Trump.
Trump es, en realidad, el vocero de una población blanca que se siente angustiada y amenazada por los enormes cambios demográficos que está viviendo Estados Unidos. Sí, es cierto que para el 2044, más o menos, todos los grupos étnicos de Estados Unidos seremos minorías. No hay absolutamente nada malo en eso. Pero los insultos de Trump y de muchos de sus seguidores son reflejo de una parte de la sociedad que teme perder poder, influencia cultural y trabajos. La diversidad, los acentos y el color les asustan.
Trump, lejos de calmar esos miedos, los incita. Después de todo, así llegó a la Presidencia. Y no va a cambiar de estrategia. Su apuesta para ganar la reelección en el 2020 es exactamente la misma: buscar el apoyo de los que se sienten amenazados por los cambios en Estados Unidos y atacar virulentamente a sus oponentes. Trump es el bully in chief.
No es normal que el presidente de Estados Unidos haga comentarios sexistas, racistas y xenofóbicos. No es normal que Trump mienta más que Pinocho. Y quedarnos callados sería ser sus cómplices.
Señora, ¿cómo no reportar todo esto?
@jorgeramosnews
Otra verdad que la nuestra
Jorge Volpi (18-Ago-2018)
Vivimos en el reino de las “verdades oficiales”. De las “verdades históricas”. Es decir, a la sombra de los relatos ensamblados por el poder -y desde el poder- en su propio beneficio. Adueñándose de este vocabulario pretendidamente técnico, las autoridades nos han impuesto, una y otra vez -de Tlatelolco, hace 50 años, a Ayotzinapa o Tlatlaya-, narrativas diseñadas con el único fin de enmascarar la realidad, defender sus intereses particulares y ocultar su corrupción, sus errores y sus vicios. Valiéndose de todos los medios -y, en particular, de los medios-, se han empeñado en silenciar las voces discordantes para instaurar una verdad que es, apenas, su verdad.
En pocos ámbitos esta pulsión ha sido tan extrema como en la seguridad pública y la justicia. Desde el inicio de la “guerra contra el narco”, en 2006, el gobierno se obstinó en asentar una sola forma de contar los hechos, la misma que continuamos repitiendo desde entonces de modo acrítico. Encerrados en esta burbuja conceptual, políticos, policías, ministerios públicos, jueces, e incluso académicos y periodistas se han mostrado incapaces de erradicar los perniciosos términos de esta narrativa bipolar, basada más en un arraigado prejuicio ideológico que en un diagnóstico meditado del conflicto.
Como cualquier guerra, la “guerra contra el narco” presupone el enfrentamiento entre dos partes equivalentes, como si aquí el Estado se batiese contra una fuerza subversiva articulada y fácilmente identificable, con fines y propósitos políticos específicos. Nada más alejado de lo que ocurre en el campo de batalla: el narco no es -nunca ha sido- un ente único, una especie de virus decidido a minar el poder del Estado y a desatar una violencia puramente irracional. Del mismo modo, tampoco es cierto que los cárteles sean organizaciones cerradas, bandas de peligrosísimos criminales cuya mayor entretención es el terror o el combate a las fuerzas del orden. Esta maquinación ensombrece las sutilezas y ha provocado más estragos que beneficios. El narco es un problema infinitamente más complejo y desafía esta lógica maniquea que parecería dividir a México entre buenos y malos, entre las ejemplares Fuerzas Armadas y las odiosas pandillas del crimen organizado.
Esta visión, reduccionista y torpe, se halla en el origen de nuestro continuado fracaso para contener la violencia. Peor aún: esta visión, defendida obtusamente por la administración de Calderón y prolongada por lo bajo por la de Peña Nieto, es la causa principal del aumento exponencial de la violencia. La irrupción desordenada, caótica de las fuerzas del Estado en entornos frágiles ha provocado justo ese desbordamiento de asesinatos que en teoría buscaba contener. Porque esta perspectiva punitiva, derivada del puritanismo estadounidense, olvida no solo las causas del narco, sino su implantación social, sus raíces históricas, y su entramado económico.
Por ello, lo primero que debe intentar el nuevo gobierno mexicano es abandonar por completo esta narrativa -con todas sus verdades históricas u oficiales- para intentar rescatar la pluralidad de historias sepultadas bajo sus escombros. Hoy, cuando López Obrador -a través de sus próximos secretarios de Seguridad Pública y Gobernación- intenta una nueva política hacia el narco, se torna más urgente que nunca saber qué es lo que verdaderamente ha ocurrido en estos aciagos 12 años. Si en ellos ha habido 200 mil muertes ligadas a la violencia del narco, nos faltan al menos estas 200 mil historias -tanto de las víctimas como de los victimarios, y de aquellos que han sido ambas cosas-, esas miles de verdades contradictorias que se vuelven indispensables para el éxito de cualquier “justicia transicional” y de cualquier “pacificación”.
Se necesita un auténtico ejército, pero esta vez de activistas, periodistas, académicos y escritores dispuestos a sumarse a esta agotadora tarea de contar lo ocurrido durante estos años de pólvora y sangre. Conocer mejor las historias individuales de todas estas personas -nunca olvidemos que lo son- y de sus familias es un ejercicio imprescindible, previo a cualquier reconciliación y a cualquier perdón, que permita rescatar la verdad conformada por todas esas verdades parciales. Solo así, escuchando atentamente cada historia, podremos aspirar a una auténtica justicia.
@jvolpi
Sacudir sin cimbrar
René Delgado (18-Ago-2018)
Aún no entra en función el nuevo gobierno y su proyecto genera inquietud y expectativa, además de invariable revuelo.
Alma del alboroto no es necesariamente el propósito del proyecto, como los medios a través de los cuales se busca realizarlo y el ritmo de marcha adoptado. Ahí anida la esperanza de remontar la circunstancia y mejorar la perspectiva y el temor no sólo a no alcanzar el resultado positivo y previsto, sino a caer en una situación peor a la prevaleciente.
El sustrato del apoyo y la resistencia al proyecto radica en el fondo y la forma de hacer las cosas que, para el caso, es el fondo y la forma de hacer la política y ejercer el poder. Objetivo y práctica distintos a los aplicados hasta el hartazgo, durante décadas. No es sólo el estilo, también el sentido. Esta alternancia no es ni se parece a las otras.
La contundencia del resultado electoral llevó a reconocer el triunfo, pero la asunción de la consecuencia política suscita titubeos. Ante esa realidad hay quienes dan por sentado e irrebatible el cambio radical y quienes dudan si la ruta y el rumbo son los indicados.
En medio del vértigo y la novedosa circunstancia, encontrar el centro no es sencillo. Modificar conductas, hábitos, costumbres y, por lo mismo, entendimientos exige aprendizaje y comprensión, tolerancia.
El desafío del próximo presidente de la República es mayúsculo: impulsar el cambio sin perder el equilibrio en el filo de la navaja por donde camina, deseando correr.
Quiere sacudir el tapete de la política y apisonar el suelo de las oportunidades sociales, sin lastimar los cimientos de la economía y la democracia. Quiere abatir la política cupular que, con base en la complicidad, la secrecía y la imposición, facilitaba la toma de decisiones, al tiempo de activar una política popular que, no por consultar y considerar a la gente, derive en prácticas populistas y sí, en cambio, ampare y fortalezca las decisiones. Quiere acrecentar el respaldo social, sin espantar el apoyo de empresarios e inversionistas. Quiere sumar pese a que, en este caso, el orden de los factores sí puede alterar el producto. Eso parece.
Qué situación tan interesante y compleja. Rescatar al Estado sin hundir el mercado. Reivindicar la democracia representativa y participativa sin resbalar en el populismo o el elitismo. Rebalancear el desarrollo y acelerar el crecimiento. Recobrar recursos del despilfarro, la corrupción y los privilegios sin perderlos en políticas caprichosas. Recuperar la paz y la reconciliación sin tanta sangre, dolor, muerte.
Fijar un nuevo punto común de partida y reponer el horizonte nacional demanda infinidad de condiciones: voluntad, temple, coraje, balance, cálculo, sensibilidad, esfuerzo, entusiasmo y sacrificio. Y más si se realiza parado en un pantano.
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Hay en el ejercicio político anunciado muchos riesgos y un peligro inminente.
Los riesgos. No satisfacer con rapidez, así sea parcialmente, la expectativa generada y quedar expuesto al fuego cruzado de tirios y troyanos. En la prisa por actuar, perder o confundir las prioridades en la tarea de gobierno. Abrir demasiados frentes sin contar con la estrategia necesaria y la articulación de las políticas implicadas. Agotar el esfuerzo en el puro planteamiento e intento. Vulnerar el respaldo social por no explicar, negociar y pausar los ajustes.
El peligro. El desbordamiento de quienes le apuestan a la victoria o al fracaso del proyecto y, en él, hay dos posturas. La de quienes reclaman emprender el cambio a troche y moche porque, según ellos, para eso ganaron y al resto no le queda sino apechugar. Y la de quienes reclaman moderar el ritmo del cambio y así frenarlo porque les preocupa cuanto pueda ocurrir, pero callan o ignoran lo sucedido e, incluso, ven en las ruinas un edificio moderno. De las claques que animan al linchamiento del contrario, ni caso hablar. Hay ultras de uno y otro lado, de casimir y mezclilla.
Correr riesgos es aceptable y comprensible. Peligro, no.
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La circunstancia nacional es inédita, al menos en la historia reciente.
Las anteriores alternancias no supusieron un giro del calado del de ahora. El entusiasmo, cuando lo hubo, se apagó pronto. Temores no hubo. Aquellos relevos fueron turno, no alternativa. La diferencia estuvo en el énfasis y el matiz, acaso, en el modo y estilo; no en la sustancia, la dirección y el rumbo.
Más allá de la aspiración y ambición personal de Andrés Manuel López Obrador de hacer historia y, en tal virtud, aparecer en los futuros libros de texto, el Presidente electo debe escribirla. Eso exige obra y resultados.
Dice López Obrador haber recibido el mandato en condiciones políticas inmejorables. No es así. Lo recibió en condiciones electorales inmejorables; en condiciones políticas desafiantes; económicas, inestables; financieras, deplorables; y sociales, lamentables. Intentar un cambio radical -de raíz, como él lo entiende- entusiasma, siempre y cuando no se desboque ni pierda el sentido.
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En el fondo y la forma de hacer la política y ejercer el poder, López Obrador se juega la posibilidad de su hazaña, pero sobre todo la esperanza de un país que más de una vez ha visto frustrados, corrompidos, pervertidos o engañados sus mejores anhelos.
Apoyar en lo justo el proyecto no supone claudicación, criticarlo en lo debido no implica resistencia. La objetividad y equilibrio que el Presidente electo demanda en la actuación de los medios son los que él mismo debe desplegar en el ejercicio del poder.
Sí, vale la pena sacudir la política, apisonar las oportunidades sociales sin lastimar los cimientos de la economía y la democracia.
· EL SOCAVÓN GERARDO RUIZ
Ahí está de nuevo el señalamiento de fallas en el Paso Exprés, monumento a la improvisación y la pusilanimidad política.