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Ciudad de México. 21 de agosto de 2018.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) subrayó que la impunidad imperante en materia de procuración de justicia en los casos de agresiones a periodistas es reflejo de la falta de compromiso de las fiscalías federal y estatales, así como de las autoridades, especialmente municipales, que además muestran sensible retraso y desdén respecto de las respuestas que deben dar a las Recomendaciones Generales, por lo cual se propondrán maneras distintas de dirigirse a ellas como destinatarias de las mismas. Hasta ahora la divisa ha sido: a más agresión, incipiente atención.
A ello debe agregarse que el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión enfrentan distintos retos, como los problemas presupuestales que por segundo año consecutivo tiene el primero, lo que pone en riesgo la permanencia de las medidas de protección de cientos de periodistas y personas defensoras, a pesar de los compromisos asumidos el año pasado por el Ejecutivo federal en ese sentido.
Así lo dio a conocer el Ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, al presentar el Estudio sobre el cumplimiento e impacto de las recomendaciones generales de la CNDH en materia de agravios a periodistas, que contiene diversas propuestas tendentes a revertir ese fenómeno, así como los resultados de la investigación para tener un panorama general del impacto de las Recomendaciones Generales, ya que no existe conocimiento suficiente de estos instrumentos que tampoco tienen el resultado deseado ni la difusión que se requiere en los medios de comunicación. Una de las propuestas contenida en el Estudio que será retomada por la CNDH, es poner en la página institucional las respuestas a dichos documentos, donde se destaque el grado de cumplimiento de cada autoridad recomendada.
Exhortó a las autoridades federales, estatales y municipales que están en deuda con periodistas agredidos a dejar ese desdén para atender las Recomendaciones de la CNDH y mostrar, en los hechos, mayor voluntad política en el respeto a la libertad de expresión y comprometerse para impedir las agresiones a comunicadores.
Asimismo, sostuvo que el Estado no debe dejar de cumplir su función primordial de respeto a los derechos humanos y a la dignidad de las personas, y pidió a los informadores conocer sus derechos y las instancias que existen para su defensa y protección, porque el acceso a la verdad y la justicia es garantía de no repetición de los agravios.
Comentó que el Estudio realizado por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM señala que las cuatro Recomendaciones Generales de la CNDH sobre periodistas y libertad de expresión –Recomendación General 7, emitida en 2004; Recomendación General 17, de 2009; Recomendación General 20, de 2013 y Recomendación General 24, de 2016— también fueron evaluadas con ánimo crítico por las personas entrevistadas, informadores y especialistas que contribuyeron con textos originales para este Estudio y quienes cuestionan que, si bien hay reconocimiento a las tareas de la CNDH y a su presencia pública, dichas Recomendaciones no hayan contribuido a resolver los problemas diagnosticados.
González Pérez señaló que en el Estudio destaca que las dependencias del Gobierno federal y de los estados responden con más diligencia que los gobiernos municipales. A la Recomendación General 24 el 37% de las instituciones federales y estatales contestaron en los primeros 30 días, y 28% más en el siguiente mes. En cambio, de las respuestas municipales ninguna llegó en los primeros 30 días hábiles, el 3% fue recibido en el mes posterior, y el 68% demoró entre uno y seis meses.
Como respuesta a la Recomendación General 24 se recibieron 79 de entidades federales y estatales y 34 de municipios. De las primeras, el 39% se limitó a contestaciones rutinarias; 19% son respuestas que glosan las Recomendaciones, y 33% contienen información que manifiesta alguna forma de seguimiento a casos o recomendaciones específicas. De las respuestas surgidas de gobiernos municipales, el 82% fue de carácter rutinario y burocrático, aseguró.
Explicó que el Estudio presenta varias sugerencias para mejorar el efecto de las Recomendaciones Generales, entre ellas: que tomen en cuenta además del escenario nacional, situaciones locales y regionales; que diversifiquen sus fuentes de información, con especial énfasis en testimonios directos de periodistas; que mencionen por sus nombres y apellidos a los funcionarios destinatarios; mencionar la vulnerabilidad laboral, profesional y política de muchos periodistas; y dirigir recomendaciones a funcionarios encargados de vigilar el cumplimiento de las normas laborales que no se cumplen en muchos medios de comunicación.
También sugiere reconocer las diferencias de agendas e intereses que hay en los medios y definir a partir de ellas distintos contenidos y versiones de las Recomendaciones; hacer del boletín de prensa un cauce hacia los documentos completos y no un reemplazo de ellos; dirigirse directamente a los grupos interesados en esos asuntos aprovechando la capacidad de propagación de las redes digitales, además de incluir en la página de la CNDH las respuestas de las autoridades así como los documentos de organizaciones no gubernamentales e instituciones académicas sobre agresiones a periodistas en México.
En su oportunidad, el coordinador del Estudio, Raúl Trejo Delarbre, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, dio pormenores de su realización. Destacó que las cuatro Recomendaciones analizadas describen ausencias en la impartición de justicia y debilidad en las investigaciones, falta de detención y sanción a los culpables de delitos contra periodistas, lo cual genera impunidad.
Las páginas del estudio, dijo, tomaron en cuenta seis ensayos escritos especialmente para la investigación por periodistas y estudiosos del tema donde ofrecen testimonios e información de primera mano para comprender la situación de la prensa mexicana. Los diagnósticos críticos de los comunicadores muestran las tortuosidades en la aplicación de la justicia para los periodistas.
Ana Cristina Ruelas, Directora de Artículo 19, señaló que las Recomendaciones generales brindan un diagnóstico claro de la decadencia a la que el periodismo se ha enfrentado en el ejercicio de la libertad de expresión en los últimos 10 años ante el incremento de agresiones. El análisis reconoce la falta de respuesta de las autoridades, ya que el 94% conoce las recomendaciones, pero no hace nada para su cabal cumplimiento.
Refirió que el 99.6% de las agresiones se mantiene en impunidad, ya que se no se puede hablar de protección si no hay un combate a la impunidad, lo que refleja la indolencia del Estado que no reconoce la violencia a la que se encuentran expuestos las y los periodistas como un problema de Estado, lo que significa un atentado a la democracia de este país. Por lo que este Estudio brinda un análisis de las situaciones que enfrentan las y los periodistas, así como las acciones tomadas y toleradas por las instituciones que mantienen las agresiones en su contra.