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CDMX. 11 de agosto de 2018.- La diputada Ximena Tamariz García (PAN) impulsa un exhorto para que autoridades estatales y municipales de todo el país revisen y mejoren la coordinación y cooperación en la aplicación del Alerta AMBER México, para activarla de manera inmediata y sin dilación ante la denuncia por desaparición de niñas, niños y adolescentes.
En un punto de acuerdo presentado ante la Comisión Permanente, la legisladora destacó la importancia de hacer más eficiente este sistema de notificación de menores de edad ausentes por la multiplicación de casos en diversos estados del país, con resultados perniciosos para las familias.
Propuso que las autoridades de los tres órdenes de gobierno vinculen dicho protocolo a todos los números de emergencia como el 911, a través del cual se denuncie la desaparición y se vincule directamente con el mecanismo para activar el Alerta AMBER, ya que las horas siguientes a la ausencia de las niñas, niños y adolescentes son vitales para reducir los riesgos que puedan sufrir y emprender la búsqueda.
Tamariz García, integrante de la Comisión de los Derechos de la Niñez, explicó que en la mayoría de los casos el protocolo de búsqueda se aplica hasta el siguiente día o varias horas después de que los padres realizan el reporte.
Refirió que el Fondo de las Naciones Unidas para la infancia (Unicef) México señaló que cada día tres menores mueren víctimas de la violencia. Es decir, cada semana fallecen en el país 21 menores a consecuencia de actos violentos, cifra que aumenta a 90 mensualmente.
“Para agravar la problemática, una de cada cinco personas desaparecidas son niñas, niños o adolescentes. Estos eventos desafortunados pudieron evitarse de existir una mejor coordinación y cooperación entre las autoridades municipales y estatales en la aplicación del Alerta AMBER México”, aseguró.
La legisladora por Nuevo León reconoció que ese protocolo es un mecanismo fundamental para búsqueda y pronta recuperación de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en riesgo inminente de sufrir daño grave a su integridad personal, por motivo de ausencia, desaparición, extravío, privación ilegal de la libertad, no localización o cualquier circunstancia donde se presuma la comisión de algún ilícito, ocurrido en territorio nacional.
No obstante, consideró que ‘seguirá fallando en la consecución de sus objetivos de no hacerse ajustes a tal mecanismo, y de no trabajarse por mejorar las actuaciones de las autoridades estatales y municipales en la implementación del mismo’.
La propuesta se turnó a la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Permanente, y fue suscrita por la diputada del PAN, Kathia María Bolio Pinelo.