Reforma a la reforma de Propaganda Gubernamental
Gran polémica ha causado la Ley de Comunicación Social, promulgada el pasado 1 de mayo, y aunque ya la analizan en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), promovida por senadores del PAN, PRD, PT y Morena, para modificar la reforma.
En los comederos del Congreso de la Unión el tema es la presión que ejerció la SCJN para que los legisladores aprobaran la ley de propaganda gubernamental, lo cual originó, según se dice, que el documento final carezca de algunos fundamentos, ya que como quedó en este momento se convierte en la “Ley del premio o el garrote”.
Fue la propia Corte, en un fallo histórico del 15 de noviembre de 2017, la que ordenó al Congreso de la Unión expedir la Ley Reglamentaria del párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución en materia de publicidad oficial, al resolver un amparo presentado por Artículo 19.
Si bien la aprobación de esta ley da cumplimiento a esa sentencia, los preceptos de esta reglamentación han sido criticados tanto por legisladores de oposición, como por colectivos ciudadanos.
La mayoría de las observaciones piden coinciden en pedir una estrategia anual de comunicación social, o sea, que planifique los mensajes que se contraten para su difusión en los medios de comunicación, los que demandan lo anterior, parecen desconocer que ya existe la estrategia del gobierno federal.
En este punto hay que reconocer que las políticas de comunicación social no han tenido como objetivo proporcionar un servicio de información a los ciudadanos, sino que el gasto publicitario de los entes públicos históricamente han sido utilizado para promover la imagen y acciones del gobernante en turno,
situación que los priistas especificarán en su propuesta para terminar con prácticas discrecionales.
Entre los diputados, que coordina el mexiquense Carlos Iriarte, ya se preparan para que en caso de que su candidato a la Presidencia de la República, José Antonio Meade no resulte ganador en la elección del primero de julio, le amarrarán las manos al candidato ganador.
De lo que se trata, explicaron a “Para alusiones Personales”, es que se haga efectiva la declaración de la Organizaciones de las Naciones Unidas (ONU) y de Estados Americanos (OEA) que a la letra dice: “los gobiernos nunca deben abusar de su custodia de las finanzas públicas para tratar de influir en el contenido de la información de los medios de prensa”.
Nuestra posición es clara – dijeron –, vamos porque la distribución de la publicidad oficial no sea “arbitraria y discriminatoria” ni que se convierta es un mecanismo de censura indirecta que afecta los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Tocará a la Secretaría de Gobernación hacer los cambios respectivos a sus lineamentos internos que le den atribuciones administrativas para ampliar el Padrón Nacional de Medios Impresos, pues de acuerdo a la Ley también deben existir de Radio y Televisión, portales de internet y medios alternos……es cuanto.