Acustik Noticias
Ciudad de México. 09 de julio de 2018.- El combate a la delincuencia organizada requiere un esquema integral en el que además del patrullaje, la investigación, la eficiente procuración de justicia y castigo a los responsables, también se afecte el patrimonio obtenido de manera ilícita para evitar que las organizaciones criminales continúen creciendo, afirmó José Ramón Amieva Gálvez, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.
Durante un evento para anunciar que 12 inmuebles recuperados, a través de la Ley de Extinción de Dominio, están en propiedad del Gobierno capitalino y conforman la bolsa inmobiliaria social en poder de la Oficialía Mayor, que a su vez comunicará a los equipos de transición y entregará a la nueva administración para que determine el fin que debe darles, subrayó que los bienes de procedencia ilícita deben ser asignados a proyectos sociales para generar una transformación positiva.
“Los criminales son enemigos de la sociedad porque sólo buscan dañarla para obtener riqueza indebida y continuar creciendo como organización delictiva, por ello es necesario combatirlos en sus fines primarios que es la riqueza, porque es ahí donde más les duele”, expuso Amieva Gálvez.
Aseguró que esta acción autónoma de Extinción de Dominio, en la Ciudad de México ha permitido retirar la propiedad a la delincuencia y se ha coadyuvado a resolver la situación de vulnerabilidad que enfrentan diversos grupos de personas como el caso del Hotel Buena Vista, donde se practicaba trata de personas y se convirtió en el “Hogar CDMX”, que ahora es habitando por personas en situación de calle que se capacitan para su reinserción a la sociedad, además de refugiar a damnificados por el sismo del 19 de septiembre de 2017.
Dijo que no existe precedente alguno en la República donde esta figura especial sea tan exitosa como en la capital del país, por lo cual llamó a analizar su aplicación a nivel nacional para lograr una transformación con una visión social y detener el avance de la delincuencia organizada.
Por su parte, Edmundo Garrido Osorio, titular de la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJ), señaló que los bienes recuperados, a través de la figura jurídica sustentada en el artículo 22, se ubican en seis delegaciones; se demostró que seis de ellos se obtuvieron con recursos provenientes del narcomenudeo y cuatro por robo de vehículos, además de que ahí se continuaban practicando ambos ilícitos ya que servían como casas de seguridad, depósitos de droga o autopartes.
Explicó que en casos de narcomenudeo, secuestro, robo de vehículos y trata de personas procede la pérdida de la propiedad sobre los bienes sin compensación, por lo que en la Ciudad de México esta herramienta ha sido útil para combatir con mayor eficacia la impunidad, puesto que desde 2012 se cuenta con una Fiscalía Especializada en Extinción de Dominio que ha sido un órgano eficiente para afectar el patrimonio de la delincuencia.
Informó que la Procuraduría interviene en 132 juicios de extinción de dominio y prepara 196 asuntos más que serán del conocimiento de las autoridades correspondientes. Además que hay 100 sentencias en los que se declaró la extinción de dominio de bienes a favor del Gobierno de la Ciudad de México.
Jorge Silva Morales, Oficial Mayor del Gobierno de la Ciudad de México, destacó que la recuperación de inmuebles que hoy se materializa y se tiene la oportunidad de entregar a proyectos de beneficio social, se logró gracias a la colaboración interinstitucional de la PGJ, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
Refirió que desde que se integraron las mesas de trabajo en 2008 para la construcción de esta figura que hoy es estratégica a nivel nacional e internacional, el actual Jefe de Gobierno, participó de manera puntual, situación que refleja su compromiso con el combate a la delincuencia afectando el patrimonio mal habido.
Por su parte, el magistrado presidente, del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJ-CDMX), Álvaro Augusto Pérez Juárez, comentó que el Poder Judicial, como garante de los derechos tiene el inquebrantable compromiso con la seguridad y la paz social así como el cumplimiento a cabalidad del Estado de derecho por lo cual resulta fundamental la aplicación de figuras jurídicas novedosas como la extinción de dominio que busca la pérdida de la propiedad de los bienes obtenidos por la delincuencia organizada.
Abundó que a través de la figura novedosa, estratégica, valiente y eficaz del Gobierno para combatir al crimen y a la delincuencia con firmeza, se atiende la obligación de dirigir a la nación y hacer escuchar en ella la voz de sus más claros derechos e intereses.
En el evento participaron Guillermo Orozco Loreto, titular de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México (Secgob); Raúl Peralta Alvarado, jefe General de la Policía de Investigación; Marco Enrique Reyes Peña, subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales; Marlene Valle Cuadras, directora General de Patrimonio Inmobiliario, Jueces del Tribunal Superior de Justicia y Ministerios Públicos, entre otros.