Por: Isabel Ortega | Acustik Noticias
Chilpancingo, Guerrero. 04 de Junio de 2018. – El Tribunal Colegiado de Tamaulipas, por unanimidad de votos, concedieron la protección de la justicia federal y cumplir con el derecho fundamental de acceso a la justicia de las víctimas del Caso Iguala.
En el documento fechado en la ciudad de México con fecha 4 de junio del año en curso el Tribunal Colegiado de Tamaulipas, ordena reponer el procedimiento del “Caso Ayotzinapa”, y crear la Comisión de la Verdad y la justicia (Caso Iguala).
Por unanimidad de votos los Magistrados Mauricio Fernández de la Mora (ponente), Juan Antonio Trejo Espinoza, y Héctor Gálvez del Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, informan que al resolver los amparos en revisión 203/2017 al 206/2017, relacionados con el “Caso Ayotzinapa”, concedieron la protección de la justicia federal a los quejosos, para efecto de reponer el procedimiento y requerir al Ministerio Público de la Federación que presenten dictamenes elaborados por peritos independientes que cumplan con lo previsto en el Protocolo de Estambul.
Y señala que en caso de no presentarlos con las exigencias del Protocolo, se determinó que hay indicios suficientes para presumir que las confesiones e imputaciones en contra de coinculpados fueron obtenidos mediante tortura.
El documento dice que la investigación no fue ni imparcial ni efectiva por parte de la Procuraduria General de la República, como lo exige la Corte Interamericana de Derechos Humanos ni los Protocolos adoptados por la Organización de las Naciones Unidas.
El resolutivo del Tribunal Colegiado de Tamaulipas consideró como graves las violaciones a los derechos humanos como son la tortura, desaparición forzada de personas y ejecuciones extrajudiciales, por lo que ordena investigar a los 3 órdenes de gobierno.
Y determina el TCT, crear la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (Caso Iguala).
Esta Comisión estará integrada por los representantes de las víctimas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Ministerio Público de la Federación, siendo las dos primeras las que decidan las líneas de investigación y las pruebas a desahogar.
En la sentencia los Magistrados señalan la necesidad de cumplir con el derecho fundamental de acceso a la justicia de las víctimas.