Por: Rosa Elena Soto | Acustik Noticias
CDMX. 6 de junio de 2018.- La Comisión Permanente pidió al Banco de México un informe sobre la intervención cibernética que vulneró los Sistemas de Transferencias Electrónicas de las instituciones financieras, incluyendo el alcance de la afectación, las autoridades responsables y las medidas de prevención establecidas, luego de que el pasado 27 de abril se registraron incidentes en la operación de algunos participantes del Sistema de Pagos Electrónicos lnterbancarios (SPEI).
En el dictamen aprobado señala que hasta el momento se ha informado que se trató de un intento de hurto electrónico por ‘trasferencias no autorizadas’ a cinco instituciones bancarias, mediante tres proveedores externos que interconectan a los bancos con el Sistema de Pagos Electrónicos.
“Algunas fuentes periodísticas estiman que fueron entre 300 y 400 millones de pesos los que se sustrajeron al crear órdenes fantasmas que transfirieron fondos a cuentas falsas y que fueron retirados rápidamente, no hay claridad sobre el daño causado”, se precisa.
Se destaca que la importancia del Sistema reside en el alto volumen de transacciones registradas, que en 2018 alcanzó 33 millones de operaciones, equivalente a 15 billones de pesos como promedio mensual.
La senadora del PRI, Yolanda de la Torre Valdez, dijo que este ataque pone en evidencia la vulnerabilidad del sistema financiero del país, por lo que se debe actualizar el andamiaje jurídico para salvaguardar los derechos y patrimonio de los usuarios y obligar a las instituciones a cumplir con protocolos de seguridad. Además, endurecer las penas para aquellos que cometan y sean cómplices de este tipo de delitos.
El senador Luis Humberto Fernández Fuentes, del PT, propuso exhortar a la Procuraduría General de la República para que dé prioridad y atención a este delito, pues hasta el momento no hay detenidos ni noticias de la investigación criminal de los hechos.
Planteó solicitar al Ejecutivo Federal una estrategia de ciberseguridad financiera; ambos planteamientos fueron rechazados por la Asamblea en votación económica.