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Ciudad de México. 14 de mayo de 2018.- La Academia Mexicana de Derecho Ambiental (AMDA) esgrime argumentos mediáticos falaces en la disputa jurídica que mantiene con el Gobierno de la Ciudad de México por la construcción de la Línea 7 del Metrobús en Paseo de la Reforma, informó la Consejería Jurídica y de Servicios Legales (CEJUR).
Lamentó que la AMDA haga declaraciones en contraposición al dictamen emitido por la Procuraduría General de la República (PGR), sobre una supuesta afectación a pueblos y barrios originarios.
La dependencia capitalina puntualizó que la antropóloga de la Coordinación General de Servicios de la PGR, Guadalupe Mercado Montoya, consideró inexistente algún tipo de daño por las adecuaciones urbanas respectivas para la operación de este medio de transporte.
Enfatizó que la AMDA pretende ganar, con argumentos mediáticos, el juicio de amparo 841/2017, ante su incapacidad de sustentar los jurídico-legales con las autoridades correspondientes.
“Sus declaraciones son desesperadas, tergiversadas, ponen en duda su credibilidad; irresponsablemente, afirman la existencia de afectación a pueblos y barrios originarios, cuando en realidad el estudio de la PGR nunca lo señala”, sostuvo la CEJUR.
Precisó que la PGR refirió al Juez Octavo de Distrito en materia Administrativa de la CDMX distintas encuestas realizadas a habitantes de Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc, quienes se asumen y autodenominan como integrantes de pueblos y barrios originarios, sin que manifestaran inconvenientes por la Línea 7 del Metrobús.
El dictamen de la funcionaria federal, de acuerdo a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, señaló que en Miguel Hidalgo no existen los grupos poblacionales referidos en las inmediaciones donde se construyó la obra.
El Gobierno de la Ciudad de México reprobó la actitud recientemente asumida por la AMDA, sobre un servicio que ya es parte de la cotidianidad en la Metrópoli.
A lo largo de los últimos meses, la Academia Mexicana de Derecho Ambiental buscó hacer valer distintos recursos jurídicos a propósito de frenar un proyecto que diariamente beneficia a 135 mil personas que transitan por una de las avenidas más importantes del País.
Sus fundamentos sobre supuestos daños al entorno urbano, monumentos históricos, arquitectónicos y espacios arqueológicos, así como vulneración de derechos a la movilidad, carecieron de sustento en todo momento.