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CDMX. 07 de mayo del 2018.- El día de hoy, la Misión Permanente de México ante los Organismos Internacionales con sede en Ginebra hizo entrega a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) en esa sede, de un documento con las observaciones del Gobierno de la República sobre el contenido del Informe titulado ‘Doble injusticia: Informe sobre Violaciones de Derechos Humanos en la Investigación del Caso Ayotzinapa‘, que fue publicado por la ONU-DH el 15 de marzo de 2018.
En dicho documento se señala que la referida publicación no atendió a lo dispuesto en el Acuerdo entre ambas Partes sobre la Continuidad de sus Actividades en México, del 22 de febrero de 2017, ya que la decisión de la Oficina de publicar el referido informe se constituyó en un incumplimiento de la letra y espíritu del Acuerdo señalado, además que desatendió el llamado a la colaboración y cooperación que el Gobierno de México manifestó en distintas ocasiones, que permitiera dar el cauce institucional adecuado a las preocupaciones de la Oficina en torno al asunto.
En la respuesta del Gobierno de México se ofrece información sobre algunos de los temas contenidos en el referido Informe, en especial sobre las investigaciones llevadas a cabo por la Procuraduría General de la República (PGR), con relación a las alegaciones de presuntos actos de tortura cometidos en contra de algunos de los detenidos en torno al caso Iguala. El documento de observaciones del Gobierno fue igualmente entregado el día de hoy al mecanismo de seguimiento del caso, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el marco de su 168º período de sesiones, que se celebra en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana.
Por último, en el documento de observaciones, el Gobierno de México reiteró a la ONU-DH que los referidos asuntos se encuentran aún bajo investigación y consideración judicial, por lo que las conclusiones de su Informe resultaron prematuras y podrían afectar el resultado de las mismas. Ello, con independencia que, de acuerdo con las normas jurídicas nacionales e internacionales aplicables, en específico a la luz de los estándares de la legislación mexicana contra la tortura, la investigación en curso atenderá los principios aplicables, incluido aquel para la exclusión de pruebas en casos en que se compruebe la comisión de actos de tortura.