Por David Rodríguez | Acustik Noticias
CDMX. 24 de mayo de 2018.- Organizaciones civiles acusaron al Gobierno mexicano de entorpecer y retrasar las investigaciones sobre el caso de espionaje Pegasus, por lo que consideraron que el acceso a la justicia en la actual administración se ha convertido a modo para aquellos personajes cercanos al poder.
A un año del retiro de varias organizaciones civiles del Secretariado Técnico Tripartita (STT), con el que opera en México la Alianza para el Gobierno Abierto, las indagatorias sobre el tema no registran avances por falta de voluntad política, lo que ha hecho que el caso siga en la impunidad.
En entrevistas para Acustik Noticias, Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) y Leopoldo Maldonado, Oficial de Protección de la organización Artículo 19, coincidieron que el Gobierno Mexicano ha centrado la aplicación de la justicia para unos cuantos y solamente se ha dedicado en ocultar aquellos casos que más molestia generan a la sociedad.
Rivas lamentó que estas prácticas se mantendrán a pesar de que ya se descubrieron las formas en cómo el Estado puede espiar e interferir comunicaciones a través de un virus informático.
“Lo lamentable es que un año de Pegasus no vemos ningún tipo de avance, no vemos ningún tipo de sanción y no ha habido ningún esfuerzo por mostrar que este tipo de prácticas ya no se van a llevar a cabo en el país, me parece que aquí no hay una voluntad y que el Estado mexicano pues eventualmente seguirá llevando las mismas prácticas.
Uno de los graves problemas que ha demostrado esta administración es que la procuración de justicia en esta administración particularmente es que se hace a modo, creo que más allá de que tan responsable o culpable sea el candidato Anaya, pues lo que hizo la PGR fue que sus intereses fueron políticos y no un acceso a la justicia”, dijo.
Por su parte, Maldonado reprochó que la saliente administración de Enrique Peña Nieto se ha dedicado en desacreditar todas aquellas señalizaciones o estudios que demuestran que sus investigaciones son deficientes o simplemente no cumplen con las exigencias de una sociedad que clama justicia.
Además de que también se le ofreció a la PGR trabajar con expertos en el tema de seguridad digital para encontrar a los responsables del espionaje, sin embargo, las organizaciones se mantienen a la expectativa de alguna respuesta.
“El acceso a la justicia está condicionado por intereses políticos, en este caso por el Gobierno federal, nos coloca en una situación donde la PGR al ser aurora de en términos de la propia investigación, la única entidad que ha aceptado dentro de la carpeta de investigación que adquirió Pegasus, pues se convierte en juez y parte y eso es gravísimo.
Nosotros hicimos una propuesta al entonces procurador Cervantes de que se integrará un panel de expertos independientes con conocimientos técnicos en materia de seguridad digital para analizar en términos forenses de por dónde debe ir la investigación primero y aportar insumos técnicos para un análisis más profundo y que no estuviera sesgado, sin embargo, pues no hemos obtenido respuesta y al contrario, el gobierno mexicano se ha dedicado a desacreditar la denuncia acreditada en las valoraciones que hizo el Citizen Lab, de la Universidad de Toronto”, comentó.
De acuerdo con los representantes de ambos colectivos, a un año de las primeras denuncias de espionaje y las trabas del Gobierno federal para dar avances en las indagatorias, calificaron que este proceso ha sido únicamente una simulación y aconsejaron a las autoridades a reconsiderar esta conducta ante la fuerte presión social por la corrupción que dejó esta administración.