Por: Gabriela Coutiño
Corresponsal Acustik noticias
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 3 de abril de 2018.- El desplazamiento forzado de al menos 747 familias de tres poblados y la muerte de un jefe de familia y dos de sus hijos que fueron emboscados cuando se dirigían a su parcela el lunes por la mañana, ha provocado un conflicto por tierras, ahora en el municipio de Aldama y el ejido Manuel Utrillo de Chenalhó, informó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba).
De la comunidad Tabak, 307 indígenas tzotziles han sido desarraigados; 225 de Koko’; y 185 de Cotsilnam, del municipio de Aldama, familias “que se encuentran refugiadas en la montaña y su número aumenta cada día”, aseguró el organismo en conferencia de prensa junto con los afectados.
El Frayba señaló que hasta ahora, el Estado mexicano no ha implementado acciones para atender y proteger a las 747 familias y siete más que fueron desplazadas desde mayo del 2016, por un grupo armado que opera en el municipio de Aldama, con apoyo de la alcaldesa de Chenalhó, Rosa Pérez Pérez.
Afirmó que “la impunidad con la que actúan grupos civiles armados en los Altos de Chiapas intensifica la crisis por desplazamiento forzado en comunidades de pueblos tzotziles de los municipios de Aldama, Chalchihuitán y Chenalhó”.
“Testimonios refieren que el aumento de la violencia se vincula a que el grupo civil armado de Manuel Utrilla de Chenalhó comenzó a tener apoyo del grupo armado de corte paramilitar que actuó en el desplazamiento masivo de Chalchihuitán”, a finales del 2017, con más de tres mil personas que salieron de sus hogares, refirió Pedro Faro, director del Frayba.
El organismo agregó que ante las violaciones a los derechos humanos y las omisiones del Estado mexicano de garantizar protección, pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), medidas cautelares para proteger a la población afectada por la violencia generalizada en la región.
Solicitaron a las autoridades a atender de “manera urgente e integral” la situación de crisis humanitaria por el desplazamiento forzado en Chenalhó, Chalchihuitán y Aldama para que se apliquen los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de las Naciones Unidas, y se lleven a cabo acciones de prevención con el fin de evitar que otras comunidades se desplacen de manera forzada debido a las agresiones de grupos armados.
Al alertar sobre la actuación del grupo civil armado, el Frayba dijo que “ha informado constantemente al gobernador Manuel Velasco Coello y a las secretarías General de Gobierno y de la Tierra”, entre otras instancias, “de la situación de violencia por el conflicto territorial entre Aldama y Manuel Utrilla, Chenalhó”.
Afirmó contar con información de que “el grupo que actúa desde el ejido Manuel Utrilla aumentó el clima de terror desde febrero de 2018 con ataques armados contra las comunidades de Aldama: Tabak, Koko’, Cotzilnam, Stselej Potop, Xuxchen, Puente, Yoctontik, Sepelton y la cabecera municipal”.
Finalmente señaló que en las comunidades afectadas viven familias Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN), que como el resto de la población se encuentran en riesgo.