Rosa Elena Soto
Acustik Noticiarias
Ciudad de México. 5 de abril 2018.- Los padres de Marco Antonio Sánchez, detenido por policías de la Ciudad de México y quien estuvo desaparecido durante 5 días, así como la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), el Instituto de Justicia Procesal Penal (IJPP) y la Oficina de Defensoría de Derechos de la Infancia, urgieron al Estado Mexicano a implementar las medidas cautelares de protección que emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a favor del joven de 17 años.
En conferencia de prensa, los padres de Marco Antonio Sánchez, así como los integrantes de las organizaciones civiles explicaron que estas medidas son necesarias para garantizar la integridad del adolescente, ya que fue víctima de desaparición forzada y luego ser localizado, y lo que significa una situación de riesgo.
Explicaron que la medida cautelar, tiene el propósito de evitar que ocurran daños irreparables a los derechos de Marco, específicamente de su salud, su condición de niño y la salvaguarda de su vida.
Este protocolo implica, destacaron, la atención médica y psicológica, además del consentimiento informado de él y sus padres.
En este sentido, Edith Flores, madre de Marco Antonio, denunció que en la estancia de su hijo tanto en el Instituto Nacional de Neurología como en el de Instituto Nacional de Pediatría, ha sufrido de sujeciones físicas, y suministro de fármacos que ha afectado al adolescente.
Reiteraron que las autoridades capitalinas han tratado de desprestigiarlo al joven estudiante con filtraciones a los medios de comunicación sobre un presunto consumo de estupefacientes del adolescente, y que seguía un tratamiento psiquiátrico, previo a estos acontecimientos, hechos que desmienten categóricos los padres de Marco Antonio.
El abogado del Marco Antonio, Simón Hernández, aseguró que las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México han detenido esta investigación por intereses político-electorales.
Simón Hernández explicó que el caso de Marco Antonio pone en riesgo las intenciones políticas de Miguel Ángel Mancera, el jefe de gobierno con licencia de la Ciudad de México, ya que su capital político reside en mantener una imagen en la que no existe la desaparición forzada, ni la delincuencia organizada.
Por esta razón, afirmó se respalda a las instituciones de seguridad pública, pese a la denuncia reiterada de las organizaciones sociales y recomendaciones abusos policiacos que existen desde hace varias décadas.