Por: Rosa Elena Soto
Acustik Noticias
Ciudad de México, 1 de marzo de 2018.- Las Diputadas del partido Morena, Delfina Gómez Álvarez y Karen Hurtado Arana, denunciaron el desvío de recursos públicos en el Estado de México, en el gobierno de Eruviel Ávila, en el ejercicio fiscal 2016.
Afirmaron que de acuerdo a informes realizados por la Auditoría Superior de la Federación, existe un monto sin solventar por tres mil 627.4 millones de pesos, como producto de incumplimiento normativo en el manejo de recursos públicos federales destinados al desarrollo regional, educación, salud, infraestructura social y seguridad pública.
Las legisladoras aseguraron que de acuerdo al Informe de la Cuenta Pública de 2015, la Auditoría Superior de la Federación señaló que el Gobierno del Estado de México, hasta enero del 2017, aún no solventa las observaciones con impacto económico por 20 mil 190.6 millones de pesos en el periodo comprendido durante los ejercicios fiscales del 2015 al 2016, y que adicionado a las irregularidades del ejercicio del mismo 2016, el monto asciende a 23 mil 818 millones de pesos.
De esta manera, el Gobierno del Estado de México es la tercera entidad del país que tiene observaciones pendientes por solventar.
Con los datos anteriores, se detecta que las irregularidades sobre el uso y el abuso de los recursos públicos federales es una constante en el Gobierno del Estado de México, afirmaron las diputadas de Morena, y revela la poca eficacia del ejercicio del gasto público federal, mismo que se ejerce en el Estado de México. Su inclinación es incumplir a disposiciones de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas.
Cabe señalar que no es la primera vez que Eruviel Ávila, siendo Gobernador del Estado de México, ha sido señalado por no salir bien librado de la rendición de cuentas ante la Auditoría. Afirmaron que prácticamente en todo su sexenio se señalaron observaciones que suman 23 mil 800 millones de pesos.
En este sentido, se pronunciaron porque queden impunes estos hechos. Es por ello venimos el día de hoy a urgir la necesaria implementación que se requiere para que la Procuraduría General de la República pueda iniciar, de inmediato, la investigación formal del daño causado al erario federal.
De la misma forma, exhortaron a la Auditoría Superior de la Federación a que haga del conocimiento público un informe en donde aclare y proporcione documentación específica y, sobre todo, justificativa y comprobatoria del estado que guardan las observaciones con el impacto económico al gobierno al que nos referimos.