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CDMX. 15 de noviembre de 2018.- El Órgano Interno de Control de la Administración Portuaria Integral (API) de Manzanillo, la cual pertenece a la Secretaría de la Función Pública (SFP), investiga una red de corrupción en esta terminal.
En una reunión del Consejo de Administración celebrada el pasado 7 de septiembre los funcionarios de la API de Manzanillo intentaron que se aprobara la asignación directa de un contrato de cesión parcial de derechos a una empresa de Logística de Fluidos y Graneles pero el Consejo lo negó debido a las irregularidades que presenta.
SFP [@SFP_mx ] se va contra API de Manzanillo por una serie de irregularidades en la firma de un contrato. Implicaría que los contratos firmados a favor de la empresa Logística de Fluidos y Graneles son ilegales y deben ser revocados https://t.co/tELEIgKE9u
— El Sol de México (@elsolde_mexico) November 8, 2018
Posteriormente, el titular de dicho órgano, Román Pablo Rangel Pinedo, detectó la entrega de este contrato sin el previo consentimiento del Consejo de Administración.
El API de Manzanillo decidió firmar el contrato con la empresa donde se concesionan 159 mil 52 metros cuadrados de superficie de agua para construir una terminal portuaria. Ante el Órgano de Control se presentaron denuncias donde se destacan las diversas irregularidades en que incurrió el director general de API en Manzanillo, así como algunos funcionarios de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante.
De acuerdo con el diario El Universal, en esta red de corrupción está involucrado Ovidio Noval Nicolau, director general adjunto de la API Manzanillo; Ricardo Martínez Suárez, director adjunto de Proyectos Prioritarios Marítimo-Portuarios, y Alejandro Hernández Cervantes, director general de Puertos de la SCT.
La denuncia presenta tres puntos principales. En primer lugar se acusa a Noval Nicolau de asignar parcialmente derechos sin el consentimiento del Consejo; segundo, la API Manzanillo realizó el trámite del contrato sin contar con la documentación necesaria de la empresa; y por último, el contrato debe ser revisado por las ‘inconsistencias’ que presenta.
Además de las irregularidades de Manzanillo, en las administraciones portuarias de Campeche, concretamente en Ciudad del Carmen, Seybaplaya y Dos Bocas; esta última dirigida por Miguel Ángel Servin. En dichos puertos se han presentado redes de corrupción con los funcionarios encargados. En Dos Bocas la empresa ROCA Inmobiliaria ha ocupado prácticamente todo el espacio concesionado.
La empresa EVYA de la familia Camargo fue absorbida por ROCA después de varios embates por parte de Banamex y Emilio Losoya, este último coludido también en el caso de Odebrecht. Losoya busca crear un monopolio en Dos Bocas donde los funcionarios de la Administración Portuaria son sus aliados.
Actualmente el director general de Puerto de la SCT, Alejandro Hernández Cervantes, también se encuentra bajo investigación de la SFP por presunta corrupción en los puertos de Manzanillo y Campeche y por la relación estrecha que tiene con la empresa ROCA Inmobiliaria a quien ha favorecido en licitaciones.
De acuerdo con las fuentes consultadas, se confirmó que la empresa ROCA bajo el mando de Losoya ha ofrecido hasta tres millones 500 mil pesos por cada hectárea en el puerto de Dos Bocas, Campeche.
Con información de Periódico Central, El Occidental y El Sol de México.
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