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Al filo de las siete de la mañana, los senadores aprobaron la Ley de Austeridad Republicana que elimina la pensión a expresidentes, contratación de seguros médicos, de vida y separación individualizada o colectiva.
Con 74 votos en favor y 29 abstenciones, el Pleno de la Cámara Alta aprobó, en lo general, expedir este ordenamiento que sustentará una política administrativa para optimizar los recursos con que cuenta el Gobierno, misma que también prohíbe el derroche de energía eléctrica, agua, telefonía móvil y remodelación de oficinas del servicio público.
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Este nuevo dictamen fue remitido nuevamente a la Cámara de Diputados debido a dos adendas de última hora. Una de las modificaciones fue para elevar de cinco a diez años el lapso en que exfuncionarios de alto nivel deben dejar pasar para contratarse en empresas privadas, reserva presentada por el senador de Morena, Félix Salgado, para precisar que los servidores públicos que se separen de su cargo no podrán ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o tenido información ‘privilegiada’ en el ejercicio de su cargo.
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La otra reserva, fue presentada por la senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del Partido del Trabajo (PT), para que en el artículo 17 se estableciera que los fideicomisos o mandatos sean aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
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La oposición criticó las reservas, tal es el caso de la senadora Vanessa Rubio Márquez, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien señaló que el candado de cinco años para que los servidores públicos no puedan laborar en la iniciativa privada después de dejar el cargo.
Pasa por encima del artículo 5 de la Carta Magna, que dispone que a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos” [sic].
Del Partido Acción Nacional (PAN), la senadora Minerva Hernández anunció el voto en abstención de su bancada. Dijo que en la discusión del dictamen en comisiones faltó valor al grupo parlamentario mayoritario para escuchar y ser tolerante a las advertencias que se hicieron sobre los innumerables vicios que tiene la ley.
No mostraron voluntad para construir consensos. Por el contrario, en su afán de darle gusto al presidente, están mandado al diablo a las instituciones, pues hicieron a un lado la técnica jurídica, la práctica parlamentaria y el mínimo de sentido común” [sic].
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Fue a las 3:58 de la mañana que en votación nominal se aprobó en lo general y de los artículos no reservados con 74 votos a favor, cero en contra y 29 abstenciones, el dictamen por el que se expide la Ley Federal de Austeridad Republicana; y reforma diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Por su parte el senador morenista, Alejandro Armenta Mier, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, quien presentó el dictamen, señaló que se aplicarán medidas de austeridad en la programación y ejecución del gasto gubernamental como política de Estado para hacer cumplir los principios de economía, eficacia, transparencia y honradez.
Se transitará hacia un Estado de Derecho que garantice una buena administración pública y los derechos humanos de todas las personas. Se incorpora, además, la austeridad como principio conductor de la administración y eje estratégico del gasto público” [sic].
Fue una jornada larga, aproximadamente a las 7 de la mañana aprobamos en lo general y lo particular la Ley de #AusteridadRepublicana. Las y los @MorenaSenadores continuamos luchando contra de los excesos, la corrupción y el despilfarro de los recursos públicos. pic.twitter.com/lg7xHRmjFA
— Alejandro Armenta (@armentaconmigo) July 2, 2019
El legislador morenista aseguró que el Gobierno tendrá mayores posibilidades de atender a la población en general como resultado de la optimización de los recursos. Se busca mejorar la calidad de vida de la población en situación de precariedad, así como desarrollo sostenido y sustentable, manifestó.
Otros aspectos que contempla esta nueva Ley incluyen la eliminación de contratación de seguros privados de gastos médicos, de vida, de separación individualizada o colectiva. Además, evitará el engrosamiento del aparato burocrático, la duplicidad de funciones y la generación de percepciones extraordinarias.
Quedarían eliminadas las pensiones de retiro a los expresidentes, distintas de aquellas que otorga el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), con lo que se busca dar un trato equitativo entre todos los ciudadanos.
También limita el uso de bienes muebles e inmuebles propiedad del Estado y de los recursos humanos al servicio del mismo. Su cumplimiento tiene fines de utilidad pública y de servicio directo a la población para reducir el costo al erario federal.
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Fotografía: Cuartoscuro y Vanguardia.