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Ciudad de México. 3 de noviembre de 2018.- La bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de la Cámara de Diputados ha propuesto facultar al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) para que presente acciones de inconstitucionalidad contra las leyes y reformas que el próximo gobierno federal presente y ‘vulneren’ la educación en el país.
Partiendo de que hay órganos autónomos que pueden hacerlo, los priistas proponen reformar el artículo 105 Constitucional para que el INEE pueda presentar recursos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Dicha iniciativa señala que tanto el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), al ser organismos autónomos pueden interponer la acción de inconstitucionalidad con respecto a leyes o reformas federales o locales.
“A pesar de eso, actualmente existen algunos que, si bien pueden tener interés en interponer acciones de inconstitucionalidad, no se encuentran facultados. Tal es el caso de INEE”.
De acuerdo con información de El Universal, la aprobación de esta iniciativa añadiría el inciso E a la primera fracción del artículo 105 Constitucional, con lo que el INEE podría interponer recursos contra leyes y reformas federales o locales, así como tratados internacionales que celebre el próximo presidente y que sean aprobados por el Senado de la República y que ‘vulneren los principios que rijan la educación en México’.
Por otro lado, esta iniciativa también facultará a las minorías del Congreso de la Unión, pues se reduciría el porcentaje requerido de representación en ambas Cámaras federales y se extendería a todas las locales.
Actualmente, se necesita el 33 por ciento de la representación de la Cámara de Diputados, del Senado de la República o alguno de los Congresos locales para que la SCJN admita el recurso de echar para atrás alguna legislación o acuerdo internacional que se contraponga a la Constitución Mexicana.
La iniciativa es impulsada por la diputada federal Claudia Pastor Badilla, quien recordó que una reforma similar fue impulsada en 1994 y tenía el mismo objetivo: darle facultad a las minorías del Congreso, sin embargo, la creación de nuevos partido políticos en el país redujo la representación requerida.
“Los porcentajes […] oscilan entre 10, 15 y 20 por ciento, porque se advierte que en un Congreso plural las minorías deben tener la suficiente posibilidad de impugnar leyes que se consideran inconstitucionales. Eso no ocurre en México.”
Pastor Badilla plantea reducir los porcentajes de representación: del 33 por ciento al 15 por ciento en la Cámara de Diputados y a 20 por ciento en el Senado de la República y los Congresos locales. De aprobarse, en San Lázaro se le daría al Partido Acción Nacional (PAN) la posibilidad de aplicar dicha herramienta contra alguna legislación aprobada por la mayoría (Morena) sin necesidad alguna de establecer alianza con otras fracciones políticas.
Con información de El Universal.