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Ciudad de México. 23 de noviembre de 2018.- El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, sentenciado a nueve años de prisión por lavado de dinero, enfrenta aún dos procesos penales abiertos en su contra por varios delitos en la entidad, entre los que destacan peculado y tráfico de influencias. Delitos que se acercan a una fase clave luego de que el pasado 21 de noviembre concluyera el plazo que un juez había dado a los fiscales de Veracruz y a la defensa de Duarte para reunir pruebas previo al juicio.
Con ello quedaría cerrada la fase de investigación complementaria de estos procesos en los que se responsabiliza a Duarte de haber desviado más de 200 millones de pesos de recursos destinados a obras y de haber usado ilegalmente un helicóptero para darse a la fuga. Por lo que, su defensa solicitará al juez una ampliación del plazo de investigación para continuar reuniendo evidencias. Si el juez lo considera procedente, dicha ampliación podría ser concedida solo una vez y por un periodo de seis meses más como máximo.
Sin embargo, este escenario ya se presentó en el proceso federal que la Procuraduría General de la República (PGR) promovió en su momento en contra de Duarte por lavado de dinero, y que terminó con una sentencia de nueve años de prisión, hecho que solo benefició al exmandatario: se le concedieron seis meses más, al concluir, Duarte siguió el consejo de sus abogados y se declaró culpable para seguir un proceso abreviado, con lo que evitó el juicio donde existía el riesgo de que se le impusiera una sentencia mayor.
Por otro lado, los dos procesos promovidos por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz en contra del exmandatario son los únicos que actualmente se encuentran abiertos y en curso en su contra. Por ambos procesos, el juez capitalino Júpiter López Ruiz ordenó la medida de prisión preventiva justificada en su contra.
Los casos que la FGE promovió en contra de Duarte integraron, junto con la acusación por lavado de dinero de la PGR, la solicitud formal de extradición presentada por México ante Guatemala en junio de 2017. Pero a diferencia del caso federal, estos dos procesos se han desarrollado más lento y con algunos obstáculos.
Una primera causa que retrasó el desarrollo de estos procesos fueron los amparos promovidos por la defensa de Duarte para que no se le trasladara ante la jueza de Veracruz que había girado las dos órdenes de aprehensión obtenidas por la FGE. Y luego de varios meses de análisis se determinó que Duarte debería permanecer en el Reclusorio Preventivo Norte y que sería un juez capitalino el que se haría cargo de los procesos.
Así, la audiencia inicial por ambos casos se desarrolló el pasado 16 de mayo, casi un año después de que Duarte fuera extraditado a México. Sin embargo, originalmente la FGE de Veracruz pretendía que Duarte fuera procesado por siete delitos distintos derivado de dos investigaciones.
Finalmente, en la audiencia donde se presentó la imputación inicial, los fiscales sostuvieron que Duarte había conseguido, gracias a funcionarios de su gobierno, que se retuvieran poco más de 220 millones de pesos de recursos federales que estaban destinados a la Comisión Estatal del Agua y que fueran desviados a otras cuentas. Situación que terminó afectando al menos a 80 obras hidráulicas.
Los fiscales también acusaron a Duarte de haber utilizado ilegalmente un helicóptero oficial en octubre de 2016, luego de que ya había solicitado licencia al cargo por las investigaciones iniciadas en su contra; helicóptero con el que el exmandatario consiguió escapar de Veracruz hacia Guatemala.
Luego de escuchar los argumentos de los fiscales y de la defensa de Javier Duarte, el juez Júpiter López Ruiz resolvió que había datos de pruebas suficientes para someter a proceso al exmandatario por ambas acusaciones. No obstante, consideró que algunos de los delitos que la FGE promovía no se justificaban o resultaban repetitivos, por lo que consideró que Duarte solo podría resultar responsable de tres ilícitos: peculado, tráfico de influencias e incumplimiento de un deber legal.
En contra de Javier Duarte existen otras investigaciones abiertas o en integración que, por distintas circunstancias, no se han traducido en nuevos procesos penales. Uno de esos casos es por la presunta responsabilidad del exgobernador en el delito de desaparición forzada.
Según la investigación de la FGE, Duarte presuntamente consintió en que en su administración la policía estatal realizara sistemáticamente detenciones ilegales de personas que posteriormente desaparecieron. Por este hecho ya hay varios exfuncionarios de la policía detenidos y procesados, incluido el exsecretario de Seguridad Pública de la entidad Arturo Bermúdez. En el caso de Duarte, un juez concedió ya la orden de aprehensión en su contra para que se le procese por este caso.
Sin embargo, dicho proceso no ha podido iniciar ya que la FGE necesita primero el consentimiento de Guatemala. Lo anterior debido a que los tratados de extradición indican que una persona solo puede ser juzgada por los delitos por los cuales fue extraditado y, en caso de que surjan nuevas acusaciones, tiene que pedirse un permiso especial al país donde ocurrió la captura.
De acuerdo con autoridades de la FGE la solicitud se está tramitando a través del gobierno federal y la PGR, sin embargo, hasta ahora no hay avances.
Por este mismo motivo tampoco ha podido cumplimentarse otra orden de aprehensión girada desde 2016 en contra de Duarte, en este caso por un juez federal, derivado de una acusación que hizo la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) en su contra por presuntos delitos electorales.
Por otro lado la PGR cuenta con varias averiguaciones previas abiertas y carpetas de investigación relacionadas con malos manejos de recursos públicos en la administración de Javier Duarte, sin que hasta ahora se haya consignado alguna. También cuenta con otro caso por presuntos delitos fiscales que no ha sido consignado.
Con información de Animal Político.