Organizaciones lucharán por generalizar declaratoria de inconstitucionalidad en Ley de Seguridad Interior
Influiría Andrés Manuel López Obrador en decisión de SCJN para declarar inconstitucional Ley de Seguridad Interior
Por: Ilse Aguilar | Acustik Noticias
CDMX. 04 de julio de 2018. – A menos de dos meses de la declaratoria de inconstitucionalidad en al menos 13 artículos de la Ley de Seguridad Interior aprobada en 2017, la Red de Apoyo al Consejo Indígena del Gobierno luchará por la vía legal para que la acción sea aplicada en los 34 artículos.
El Frente Indígena de Gobierno de Magdalena Contreras, la Redmyc Zapatista, y la Red Contra la Represión y por la Solidaridad bajo la asesoría de la abogada Bárbara Zamora iniciará una campaña para promover mecanismos legales para declarar inconstitucional toda la Ley de Seguridad.
En diciembre pasado, bufete Tierra y Libertad, en representación de ejidatarios de San Pedro Tultepec y San Miguel Xoltepec, así como comunidades de Hidalgo, presentó ante el juez como pruebas documentales sobre los efectos de la actuación del Ejército en presuntos hechos delictivos en los casos de Tanhuato, Tlatlaya y Apatzingán.
Dichos hechos sirvieron como para que Zamora realizará un amparo contra la Ley, articulando el argumento para defender la inconstitucionalidad de al menos 13 artículos ‘que establecen como un régimen de excepción y una suspensión de los derechos humanos reconocidos constitucionalmente’.
El juez Silva le otorgó la razón al reconocer que las fuerzas armadas deciden llevar a cabo tareas de seguridad interior en tiempos de paz cometiendo un acto que implica la violación de un derecho humano.
Sin embargo, la resolución del juez, a su vez está impugnada argumentando ‘que los ciudadanos no tienen derecho en incursionar en la política de seguridad interna’, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene la tarea de resolver dichas acciones, así como los mecanismos de inconstitucionalidad que se generaron desde la publicación de la Ley el 21 de diciembre.
La última palabra quedará en manos de los ministros del órgano supremo de jurisdicción, y del virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, quien por facultad decidirá una vez que asuma el mandato a quién colocar en dos de los cargos que se renovarán.