Rosa Elena Soto | Acustik Noticias
Ciudad de México. 07 de junio de 2018.- Los senadores del PAN, Ernesto Ruffo y Daniel Ávila, así como senadora Independiente, Martha Tagle, interpusieron ante la oficialía de partes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad contra la Ley General de Comunicación Social, conocida como la ‘Ley Chayote‘.
Este recurso que contó con el apoyo de 51 firmas de legisladores de todos los partidos políticos, detalló el Senador del PAN, Ernesto Ruffo, se basa en que con este marco legal se transgreden los artículos 5º y 6º y 134 de la constitución han sido violentado.
Argumento que desde hace días ya contaba con las firmas pero, se esperaron a interponer el recursos en el Mundial de la Libertad de Prensa, por tratarse de una fecha emblemática.
Buscamos dijo el senador que con esta acción de inconstitucionalidad exista la verdadera libertad de expresión en México.
“Aquí documentamos como hubo manipulación de los procesos de las comisiones legislativas pertinentes a este asunto, además otros asuntos de la propia actuación de la Mesa directiva del Senado donde violentaron los reglamentos internos, para sacar esto, en razón de cumplir un ordenamiento judicial que obligaba que esta ley de comunicación social estuviera aprobada por ambas cámaras al 31 de abril, sin embargo, apresuraron las cosas sin cumplir con el contenido constitucional”.
En su oportunidad la Senadora Martha Tagle, recordo que la Suprema Corte de Justicia mandato al Congreso de la Unión a legislar en materia de propaganda gubernamental antes del 30 de abril, por la omisión del legislativo para legislar en la materia y la ley aprobada solamente cumple el plazo establecida por la corte, sin embargo, no se tocó con el fondo y explicaron sus razones.
“Estamos entre otras cosas de manera muy importante lo que tiene que ver con el uso discrecional de los recursos públicos para la contratación de medios y de propaganda gubernamental y las facultades discrecionales que le dan a la Secretaría de Gobernación para seguir siendo quien controle la contratación de espacios públicos para propaganda gubernamental, nos parece que esto no garantiza que pueda haber una cancha pareja para todos los medios de comunicación, que haya criterios claros para la asignación de recursos públicos y no garantiza que las y los ciudadanos a la información y es un derecho que debe verse respaldado por la suprema corte”, afirmó.