Propone Jesús Zambrano exhortar a la SCJN para que resuelva acciones de inconstitucionalidad en contra de la ley de seguridad interior
Ciudad de México. 19 de mayo de 2018. El vicecoordinador del GPPRD en la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva, inscribió ante la Comisión Permanente, un punto de acuerdo que busca exhortar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para que resuelva las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales en contra de la Ley de Seguridad Interior.
“Resulta imprescindible que la SCJN se pronuncie, en virtud de la incertidumbre que vive nuestro país provocada por una infinidad de interpretaciones que han generado desinformación”, sostuvo el parlamentario
La Ley de Seguridad Interior fue aprobada por el Congreso de la Unión en diciembre de 2017, promulgada por el Ejecutivo federal y publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el día 21 del mismo mes y año.
En los plazos y términos establecidos por la Constitución y leyes reglamentarias, fueron presentadas diversas acciones de inconstitucionalidad en contra de la citada ley, por diputados y senadores de la LXIII Legislatura, en las que –sustancialmente- se señaló la inconstitucionalidad de la ley en general, por violaciones a los artículos 16, 21, 22, 29, 115, 116 y 129 de la Constitución Federal, por transgredir las garantías de libre ejercicio de los derechos humanos consignados en el Capítulo Primero de nuestro texto fundamental.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) hicieron lo propio al considerar que dicha ley violaba derechos humanos y el acceso a la información pública, en el ámbito de sus respectivas competencias, como organismos constitucionalmente autónomos.
De la misma forma, varios municipios de diversos estados y el gobierno de Chihuahua, promovieron controversias constitucionales al considerar que la ley viola su soberanía. Estas acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales fueron acumuladas y turnadas en el mes de febrero pasado a la ponencia del Ministro Pardo Rebolledo para su estudio y proyecto de resolución.