Por: Enrique Serna | Acustik Noticias
CDMX. 25 de mayo de 2018.- La autoridad electoral desea poner en claro que durante el proceso electoral no condecenderá con ningún tipo de acción que vulnere el estado de derecho en materia de ingresos legítimos para las actividades políticas, según indicó el consejero Ciro Murayama, luego de una sesión de la Comisión de Fiscalización celebrada la tarde de este viernes, en la que se discutieron tres procedimientos abiertos contra Jaime Rodríguez Calderón, durante la recolección de apoyos ciudadanos; que se consideraron procedentes, sin embargo, ello no implica retirar su candidatura.
“Uno de los supuestos para negar un registro a un candidato independiente es rebase de topes de gasto, con estos montos, no necesariamente se incurre en eso, el tope de gasto era de 33 millones”
El primero fue abierto por la participación de 439 funcionarios públicos que colaboraron como auxiliares durante días y horarios hábiles, a quienes se les pagó cuatro mil pesos, lo que hace un total de un millón 756 mil pesos.
El segundo caso se refiere a las aportaciones ciudadanas, es decir personas físicas, que el aspirante registró en el SIF, que inicialmente se registraron como legítimas, sin embargo, se detectó la triangulación de recursos por parte de empresas mercantiles, o sea personas morales, a asociaciones civiles, mediante depósitos bancarios, lo que está prohibido por la legislación. En este rubro, se detectó un monto 4 millones 674 mil 250 pesos, provenientes de 19 supuestos ciudadanos identificados.
El tercer asunto surge por una nota periodística en la que se indicaba que algunos periodistas participaron también como auxiliares para captar el apoyo ciudadano, y también recibieron un pago mediante tarjetas ‘Saldazo’ de la cadena Oxxo. Relacionado con ello, se identificó también que mil 35 auxiliares recibieron recursos de distintas empresas mercantiles a través de ese medio, que hacen un total de 6 millones 521 mil 179 pesos.
Todo lo anterior suma 12 millones 871 mil 429 pesos de financiamiento ilícito identificado, por lo que el aspirante presidencial por la vía independiente, ser hacer acreedor a una multa de 739 mil pesos, sin ponerse en riesgo su candidatura. Finalmente, dijo que se dio vista a la Unidad Técnica de lo Contencioso del INE, así como a los órganos de control del propio estado de Nuevo León, ya que el aspirante fue gobernador de esa entidad.
El asunto será abordado por el Consejo General en la sesión del próximo lunes 28 de mayo.