Por David Rodríguez / Acustik Noticias
Ciudad de México. 28 de febrero de 2018.- Un juez federal negó la suspensión definitiva a Manuel Barreiro Castañeda, señalado por la Procuraduría General de la República (PGR) de lavado de dinero y entregar al candidato presidencial de la coalición ‘Por México al Frente’, Ricardo Anaya, 54 millones de pesos, presuntamente de forma irregular.
De acuerdo con las listas de acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el juez Patricio Vargas Alarcón desechó el amparo promovido por el empresario desde el jueves de la semana pasada.
Con esta decisión, la PGR tendrá la facultad para detener y presentar ante un juez a Barreiro Castañeda, es decir, que podrá entregar la carpeta de investigación UEIORPIFAM/979/2017 ante un juez de control para que supervise y analice la diligencia.
También podrá citar a comparecer al empresario, así como a cualquier otra persona que esté involucrada en el caso, además como dictar órdenes de aprehensión para quienes no se presenten a declarar.
La negación de esta suspensión definitiva también aplicará para el dueño de la empresa Manhattan Master Plan Development, quien también solicitó el amparo junto a Barreiro.
Manhattan Master fue la compañía que adquirió la nave industrial de Anaya Cortés por 54 millones de pesos.
Ana Paula Ugalde Herrera, esposa de Barreiro Castañeda; Sergio Reyes García y a Juan Pablo Olea Villanueva, vicepresidente de Advance Technology una de las empresas del queretano, también les fue negada la suspensión.
La PGR solicitó desde la semana pasada negar este recurso jurídico y presentó una impugnación, después de que un Tribunal Colegiado confirmó la suspensión en votación dividida.
Barreiro Castañeda argumentó que no tenía acceso a la carpeta de investigación solicitada por sus abogados el pasado 14 de febrero, razón por la que promovió un amparo para evitar cualquier tipo de detención o presentación ante un juez.
La suspensión definitiva es un proceso legal previo al otorgamiento de un amparo, es decir, que solamente faltaría el pago correspondiente fijado por un juez para gozar de la protección de la ley para el probable inculpado.
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