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CDMX, 05 de enero de 2019.- Desde 2012 hasta 2018, 161 activistas de Derechos Humanos y 40 periodistas fueron asesinados en México. Resultado del Gobierno del expresidente, Enrique Peña Nieto, de acuerdo con la Red Nacional de Organismos Civiles por los Derechos para Todos y Todas.
Iniciamos la presentación de nuestro informe “De la Memoria… la Esperanza”.
Asesinatos a personas defensoras en el sexenio de @EPN
6 años letales para las personas defensoras.
Transmisión en vivo: https://t.co/vrBXqBkDoi#DefendamosLaEsperanza pic.twitter.com/XG6esEDdna— Red TDT (@RedTDT) 29 de noviembre de 2018
Según solicitudes de información hechas a Procuradurías y Fiscalías estatales, sólo 3 por ciento de los casos de personas defensoras asesinadas se encuentran judicializados. En este contexto las investigaciones por asesinato de personas defensoras y activistas, líderes sociales, suelen ignorar su actividad como causa del asesinato.
Según la documentación los estados más peligrosos para defender los Derechos humanos son: Guerrero con 28 por ciento de los casos, Oaxaca con 20 por ciento y Chihuahua con 11 por ciento.
También se encontró que 40 por ciento de las personas asesinadas eran defensoras comunitarias, es decir, ejercían su derecho a defender Derechos Humanos en su comunidad o entorno más cercano. Gran parte de estos se enfocaban en la defensa de derechos económicos, sociales, culturales, ambientales y de la tierra y territorio.
Ser defensor de la tierra es un peligro en sí mismo y en los últimos años la labor se ha complicado. Amenazas e intimidaciones desarticulan a los defensores. Las cifras de 2017 demostraron que México no era un sitio seguro para quienes defendían la tierra: se pasó de tres muertes en 2016 a quince en 2017. Para octubre de 2018, sin embargo, la cifra ya alcanzaba los dieciséis asesinatos. Junto con los éxitos también llegaron los asesinatos y los encarcelamientos.
Durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, la Secretaría de Economía cedió 3 mil 190 concesiones mineras. En Oaxaca, hasta 2012, la Dirección General de Regulación Minera había otorgado 389 concesiones en una superficie de 800 mil 447 hectáreas; la relación describe a 44 como canceladas.
Con información de Sin Embargo, Excélsior y La Jornada.