Diputados aprueban que el desplazamiento forzado sea delito

Con penas hasta de 12 años de prisión.

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Laura Brugés | Acustik Noticias

Los diputados federales aprobaron un dictamen que reforma el Código Penal Federal, para tipificar como un delito el desplazamiento forzado interno con penas de seis a doce años de prisión y multas de 300 a 600 días.

El Pleno lo ratificó por unanimidad en lo general y en lo particular con 429 votos, y lo turnó al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación.

El documento adiciona un capítulo III, denominado ‘Desplazamiento Forzado Interno’, al Título Decimoctavo del Código Penal Federal, el cual comprende un solo artículo: el 287 Bis.

Surgió de una iniciativa presentada por el diputado Sebastián Aguilera Brenes (Morena), el 6 de diciembre de 2018, dictaminada por la Comisión de Justicia.

En su intervención, el morenista señaló la importancia de esta propuesta y aseguró que con estas acciones se violan los derechos de los mexicanos, por lo que la resolución busca prevenir y sancionar el fenómeno, mismo que es consecuencia del clima de inseguridad que vive México.

El nuevo precepto señala:

Comete el delito de desplazamiento forzado interno quien, de manera individual o colectiva, mediante violencia o cualquier otro medio o acto coactivo, realizado contra una persona o grupo de personas, ocasione que abandonen su lugar de residencia.

Se impondrá pena de seis a doce años de prisión y de 300 a 600 días multa a la persona que incurra en la conducta prevista en el párrafo anterior.

La pena aumentará hasta una mitad cuando el delito se cometa en contra de una niña, niño, adolescente, persona defensora de derechos humanos y periodistas.

No se entenderá por desplazamiento forzado interno el movimiento de población que realice la autoridad cuando tenga por objeto la seguridad de la misma o por mandamiento judicial”.

En el dictamen la Comisión de Justicia, señaló que con esta reforma se busca revenir y sancionar este fenómeno cuando las personas huyen de sus hogares de residencia habitual por consecuencias de actos criminales y violaciones de derechos humanos, o bien, como consecuencia del temor fundado de ser víctima ante un clima generalizado de inseguridad.

Agregó que es relevante establecer un marco jurídico que permita identificar claramente a las víctimas de desplazadas forzosamente, a efecto de facilitarles el acceso a la reparación integral que prevé la Ley General de Víctimas.

Con información de la Cámara de Diputados y Twitter.

Fotografía tomada de Twitter @Mx_Diputados.

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