Acustik Noticias
Ciudad de México. 13 de noviembre de 2018.- El pasado 29 de octubre se presentó una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR) por irregularidades en la Universidad Politécnica Francisco I. Madero. Ante ello, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó la revisión número 196-DS esta instancia educativa.
De dicha auditoría, y con información de Animal Político, aquí exponemos los resultados revelados.
Para realizar el padrón y manuales de gestión de programas de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), la universidad contrató, por medio de una empresa, a funcionarios de 23 dependencias del Gobierno Federal, quienes presuntamente no realizaron los servicios, pero sí recibieron los pagos, mismos que luego entregaron a cuentas de otros funcionarios.
En total 69 funcionarios y exfuncionarios de dependencias como la Secretaría de Gobernación (Segob), de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Sedatu, Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Petróleos de México (Pemex) y PGR, recibieron más de 10 millones de pesos por haber sido supuestamente contratados por Asesores Contables Administrativos VICMA, S.A. de C.V.
Los servicios que debían realizar eran “el levantamiento de información para el análisis y diseño del Manual del Sistema de Gestión y Operación de los Servicios del Centro de Ciudad de las Mujeres de Tlapa de Comonfort, referente al Módulo de Atención Primaria; y el levantamiento, diseño y elaboración del padrón de datos de empadronamiento de las usuarias del Centro Ciudad de la Mujeres”.
Servicios por los cuales la Sedatu realizó un convenio con la universidad en 2016, instancia que subcontrató por 139 millones de pesos a VICMA que, a su vez contrató a 488 personas para cumplir con los trabajos requeridos. De acuerdo con la información de la ASF, entre estas personas se encuentran funcionarios y exfuncionarios.
Por su parte, la universidad entregó documentación a la ASF de los pagos realizados a través de Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI): 10 millones de pesos se pagaron a 37 funcionarios en activo y 32 exfuncionarios públicos de distintas dependencias.
Ante ello, la ASF confirmó que dichos funcionarios en servicio no pudieron haber cumplido con el contrato, porque:
“Hacía incompatible la prestación de los servicios por los periodos, ubicación y horarios de ejecución de los trabajos a desarrollar, entre los que se encuentran: directores y subdirectores de área, jefes de departamento, asesores, administradores, policía federal, agente de migración, auditor fiscal y verificador”.
En el análisis de las transferencias la ASF comprobó que estos funcionarios ‘realizaron transferencias a cuentas bancarias de otros funcionarios y exfuncionarios públicos’; y que, además, se entregó un millón 800 mil pesos a otros 19 funcionarios y exfuncionarios públicos de dependencias como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de la Función Pública (SFP), de Relaciones Exteriores (SRE) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Por su parte, VICMA presentó ‘resúmenes ejecutivos de personal asignado’ que contienen las supuestas pruebas de ejecución de los trabajos por parte de los prestadores de servicio y los pagos correspondientes. Sin embargo, en su información contable la ASF detectó que más bien transfirió 122 millones de pesos a seis empresas más ‘sin tener ninguna relación contractual’, lo que ‘demuestra la simulación de contrataciones y servicios’.
Dichas empresas son: Servicios Myla, S. A. de C. V.; Servicios Fiscales en Administración SIC, S. A. de C. V.; Acabados Constrarq, S. A. de C. V.; Compu-Draz Comercializadora, S. A. de C. V.; Servicios Imperiales Sial, S. C. y Maderas Finas del Golfo, S. A. de C. V.
Otra cosa que se detectó a través de la revisión de la ASF es que, de estas empresas, en cinco aparece la misma persona como accionista o comisario, ‘lo que demuestra que se encuentran vinculadas’. Y por si fuera poco, a su vez transfirieron recursos a la empresa Bestil, S.A. de C.V. SOFOM ENR, que tiene la misma dirección fiscal que VICMA, Servicios Myla y Acabados Constrarq.
VICMA, además, presentó su declaración anual en ceros ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), pese a los millones de pesos recibidos.
Por lo tanto, la ASF concluyó que la Universidad Politécnica Francisco I. Madero ‘simuló y elaboró información y documentación para acreditar y comprobar la presunta prestación de servicios’, pese a ello, la Sedatu facturó y pagó 139 millones de pesos.
Respecto a los supuestos comprobantes de los trabajos, la universidad entregó un padrón del Centro Ciudad de las Mujeres en Tlapa de Comonfort y municipios aledaños ‘un 98.6 por ciento (12 mil 091 registros de un total de 12 mil 265) con el entregable generado por el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco’, en otro convenio y las irregularidades de la base de datos ‘afectan la confiabilidad de la información’.
Sobre el Manual del Sistema de Gestión y Operación de los Servicios del Centro Ciudad de las Mujeres en Tlapa de Comonfort, en Guerrero, ‘su contenido es semejante al entregable generado por otra la Universidad Autónoma Indígena de México actualmente Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa’.
Con información de Animal Político.