Acustik Noticias
Ciudad de México. 10 de noviembre de 2018.- El Gobierno de Enrique Peña Nieto en 2017 destinó alrededor de 5 mil millones de pesos a los municipios del país para como subsidio de la capacitación y evaluación de sus policías. Pero un año después, solo 10 mil elementos de los más de 300 mil han acreditado contar con las habilidades básicas para el desempeño de su trabajo, como disparar un arma o detener a alguien de manera legal.
De acuerdo con información de Animal Político, el Gobierno Federal sólo evaluó las habilidades básicas a 13 mil elementos municipales, de ellos solo uno de cada cuatro pasaron la prueba.
Por su parte, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló que:
“Por lo anterior en 2017 el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp) desconoció si el 97 por ciento (328 mil 112) de los 338 mil 343 elementos policiales en activo contaron con las competencias básicas para desempeñar sus funciones, debido a que únicamente 10 mil 231 elementos obtuvieron la acreditación en dichas prueba”.
Cifras que forman parte de los resultados que la ASF obtuvo tras auditar al Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp) con el propósito de evaluar el uso, la aplicación y el impacto que en 2017 tuvieron los subsidios por 4 mil 971 millones 700 mil pesos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) destinó a 300 municipios de los 32 estados del país como parte del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg).
Por si fuera poco, la ASF determinó que no existen indicadores que permitan dar seguimiento al uso adecuado de los recursos en los municipios y, en consecuencia, tampoco hay certeza del impacto y beneficios que genera la transferencia de todo este dinero.
“En síntesis se carece de información confiable sobre los resultados obtenidos mediante la implementación de todo este programa presupuestario”.
Sin embargo, la capacitación de más de 300 mil policías municipales para la cual se destinaron estos subsidios se queda corta desde el diseño de las metas de evaluación. Uno de los ejemplos es el tema de las competencias o habilidades básicas, cuya evaluación tiene la finalidad de determinar:
“Si los elementos que integran las instituciones de seguridad pública cumplen con las capacidades de armamento y tiro policial; acondicionamiento físico y defensa; conducción de vehículos policiales; detección y conducción de personas; manejo de bastón PR-24”.
Es decir, saber si los elementos cuentan con los conocimientos elementales para ser un policía, ya que por ley se tienen que acreditar estas competencias básicas cada tres años.
En el país hay 338 mil 343 policías municipales en activo, pero la meta fijada por el Sesnsp de evaluación de competencias básicas en 2017 fue de 35 mil 549 agentes: su objetivo era evaluar apenas al 10 por ciento del estado de fuerza total con el que se cuenta.
Otro objetivo no alcanzado por la dependencia, pues sólo logró acreditar la evaluación de 13 mil 574 elementos, un 38 por ciento del objetivo inicial. Y si a eso sumamos que de los elementos evaluados hubo 3 mil 343 que no aprobaron, el saldo final es de 10 mil 231 policías municipales, de los más de 300 mil en activos que hay en el país, con las competencias mínimas certificadas. Esto equivale a un 97 por ciento de la fuerza policial no certificada en habilidades básicas.
“Hay serias deficiencias en el proceso de planeación y de programación para determinar las metas anuales en la aplicación de las evaluaciones de competencias básicas y de desempeño, ya que no se consideró la capacidad operativa real y la asignación de recursos”.
De acuerdo con la investigación de Animal Político, las mismas deficiencias observadas en el área de competencias básicas se extienden a otro tipo de evaluaciones, como la obligación de evaluar el ‘desempeño’ de los elementos y sus grados de eficacia y eficiencia. Pruebas que también deben realizarse cada tres años.
Otra meta incumplida fue la de evaluar en control de confianza (polígrafo, salud, habilidades, entorno socioeconómico) a los policías municipales. En este caso la meta que se había fijado era un poco más ambiciosa: evaluar a 84 mil 261 agentes en total, un equivalente al 25 por ciento del total.
Con respecto a temas de capacitación, área para la cual también están destinados los recursos destinados, el informe arroja que se capacitaron 186 mil 233 policías municipales, cifra por encima de la meta planteada, sin embargo, se trata apenas del 55 % del estado de fuerza total de agentes que hay en activo.
En su informe de resultados la ASF considera que los subsidios que se otorgan a los municipios para la capacitación y evaluación de sus elementos municipales con el objetivo de fortalecer la seguridad del país operan ‘de manera inercial y con deficiencias’.
Esto se debe a que el dinero que se pacta entregar a los municipios y queda signado en el Presupuesto de Egresos de la Federación sí se distribuye, sin embargo, su mera repartición no implica que con ello los resultados sean positivos, pues se carece de los indicadores adecuados para el seguimiento, por lo que no se sabe si el dinero tiene alguna utilidad real.
Lo que la ASF encontró al auditar el manejo de estos recursos es que el ente coordinador no realiza realmente un seguimiento a profundidad sobre la forma en cómo se maneja el dinero y tampoco pide cuentas precisas sobre lo mismo.
Por ende, no hay forma de medir el impacto que tiene la aplicación de los recursos pues desde el diseño de los planes se carecen de indicadores adecuados para ello.
“Se desconoce la contribución del subsidio en el mejoramiento de las condiciones de seguridad pública al no contar con indicadores que le permitieran (al Sesnsp) medir el avance en el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública municipales, y careció de información confiable sobre los resultados obtenidos mediante la implementación del programa presupuestario”.
La ASF extendió al Sesnsp un total de ocho recomendaciones de desempeño para que se corrija esta situación, y a su vez una sugerencia a la Cámara de Diputados para que se revise la forma en cómo se asignan estos recursos y se evalúe la pertinencia de condicionar estos recursos a los municipios a cambio de demostrar su correcta aplicación.
Con información de Animal Político.