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Internacional. 3 de septiembre de 2018.- Esta semana será la más pesada para Nicaragua, puesto que en el seno de la Organización de Naciones Unidas (ONU) ocurrirá el rumbo que tomará la crisis sociopolítica que vive este país desde abril pasado.
Para el director de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, la reunión en el Consejo de Seguridad el 5 de septiembre donde se espera se aborde la crisis en Nicaragua y el inicio del mandato de la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, como alta comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas son vitales para el futuro de Nicaragua.
A la gravedad de la crisis en Nicaragua se suma la expulsión de la misión del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, por órdenes del gobierno del designado presidente Daniel Ortega, luego del informe de ese organismo que revela que durante los más de cuatro meses de protestas la represión gubernamental y las sistemáticas violaciones a los derechos humanos han dejado más de trescientos muertos y miles de heridos, exiliados y detenidos.
La retórica denigratoria que acompaña la expulsión, no tiene ningún peso frente a los señalamientos de acciones de represión oficial y paramilitar, consideradas en el informe como violatorias del derecho internacional y de los derechos humanos, lo cual incluye el uso desproporcionado de la fuerza, casos de ejecuciones extrajudiciales, de desapariciones forzadas, la obstrucción del acceso a la atención médica, detenciones arbitrarias o ilegales, la tortura y la violencia sexual, la criminalización de las protestas ciudadanas. Lo que tiene peso es el hecho mismo de la expulsión.
Por otro lado, los organismos mundiales que tutelan los derechos humanos, nacen de un largo proceso que ha llevado a las naciones a aceptar no solo la necesidad de su existencia, como elemento de civilización, sino a acatar sus informes. Denigrar su trabajo y enseguida decretar su expulsión, significa ponerse al margen de la comunidad internacional, o de espaldas a ella.
Reafirmamos que nuestra lucha es y se mantendrá cívica. Reprochamos la intención de la Policía Nacional de alterar la realidad sobre los hechos acontecidos durante la Marcha de las Banderas, que busca justificar la criminalización de la protesta ciudadana. #SOSNicaragua pic.twitter.com/1mC1UObVpD
— COSEP Nicaragua (@COSEPNicaragua) September 3, 2018