Por: David Rodríguez | Acustik Noticias
CDMX. 15 de julio de2018.- La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) señaló al Gobierno y la Fiscalía General de Nuevo León por no haber realizado un investigación profesional para determinar las causas y responsables del motín que se registró en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Cadereyta, que dejó 18 personas fallecidas en octubre de 2017.
De acuerdo con el organismo, el mandatario, José Luis Rodríguez Calderón y el fiscal estatal, Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, hicieron caso omiso a la Recomendación 20/2018 y sobre la aplicación de una averiguación para esclarecer el caso.
Reprocho que el Gobierno estatal no haya practicado dictámenes periciales para determinar las circunstancias en que 18 personas perdieron la vida, 11 de ellas por disparos de arma de fuego, ni se han recabado los testimonios de quienes presenciaron los hechos, lo que en conjunto constituye una violación al derecho de acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia.
La CNDH dijo que las condiciones del CERESO Cadereyta, en particular el autogobierno propiciaron el motín de los internos, destacando que el operativo llevado a cabo por personal de la Secretaría de Seguridad Pública y de Fuerza Civil del Estado no fue planeado adecuadamente, ya que aunque llevaron a cabo acciones como el diálogo y la persuasión, seguido del uso de la fuerza no letal, lo que se consideró adecuado, no les fue posible recuperar el control del centro debido a la falta de equipo de protección y de armamento no letal, por lo que hicieron uso de la fuerza letal.
Agregó que debido a que la Fiscalía General no realizó las diligencias suficientes a la investigación de los hechos, la CNDH no contó con elementos necesarios para determinar si en la utilización de la fuerza letal concurrieron todos los elementos justificados de la legítima defensa propia o de terceros.
Además que no se especificó si hubo un exceso de la fuerza letal, aunque se reconoce que tanto los custodios retenidos como los propios internos eran víctimas de una agresión actual, violenta, sin derecho y de la cual resultaba un peligro inminente.
El organismo también expuso que acreditó que existió un exceso del uso de la fuerza por parte del personal de Fuerza Civil del Estado posterior a la recuperación del control del CERESO, ya que golpearon a los internos de manera innecesaria.
Por lo anterior, la CNDH hizo una serie de recomendaciones, en primera instancia, al gobernador de Nuevo León, a quien pidió reparar el daño ocasionado a los familiares de los internos fallecidos, otorgarles atención psicológica y médica; asignar recursos presupuestales y materiales para garantizar condiciones de estancia digna y segura a los internos del CERESO de Cadereyta, dotándolo de personal suficiente y capacitado, e instalando equipo tecnológico para la detección de sustancias y objetos prohibidos.