Ratifica Consejo General del INE criterios sobre definición de votación válida

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Redacción Acustik Noticias

CDMX. 18 de julio de 2018.- Ante la nueva solicitud del Partido Encuentro Social (PES) de reinterpretar el concepto de ‘votación válida emitida’ -de la cual pidió excluir los votos en favor de las candidaturas independientes-, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), aprobó ratificar los criterios de interpretación de la ley que establecen que para obtener la ‘votación válida emitida’ sólo se debe excluir los sufragios nulos y los de candidatos no registrados.

La autoridad electoral negó hacer una reinterpretación, pues desde el pasado 11 de mayo se consideró que el concepto de votación válida emitida está establecido en la ley y es el resultado de restar de la votación total, los votos por los candidatos no registrados y los votos nulos. ‘Esa es la interpretación que ha seguido esta autoridad desde que se aprobó la nueva legislación en materia electoral en el 2014’, explicó el Consejero Benito Nacif, presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE.

Precisó que la solicitud de descontar los votos a candidaturas independientes no podía ser atendida, porque el Acuerdo INE/CG452/2018 quedó firme al no ser impugnado por Encuentro Social ni por algún otro partido político y porque no hay elemento novedoso alguno —ni reforma legal ni jurisprudencia— que modifique la base argumentativa, por lo que la autoridad electoral carece de atribuciones para modificar sin fundamento, ni motivación un acuerdo a través de un proceso de reinterpretación.

En otro punto de la sesión, las consejeras y consejeros ordenaron la publicación de las 33 listas provisionales de acreedores del otrora Partido Humanista —presentadas por el interventor designado—, en el Diario Oficial de la Federación; esto a fin de que se conozcan los patrimonios remanentes de esa ex fuerza partidista, y que los interesados puedan objetar en los siguientes 30 días hábiles. Entre los acreedores reconocidos destacan el Servicio de Administración Tributaria (SAT), institutos electorales y trabajadores de los Comités Ejecutivos Estatales.

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