Por David Rodríguez | Acustik Noticias
CDMX. 5 de junio de 2018.- La Procuraduría General de la República (PGR) no se dedicó a las líneas de investigación que señalaban a los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Policía Federal (PF) en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Ante esta omisión, el Primer Tribunal Colegiado de Tamaulipas determinó que la Comisión de la Verdad del Caso Iguala podrán ingresar a los cuarteles militares para recabar información y dar con el paradero de los jóvenes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos.
De acuerdo con la sentencia de los magistrados, esta delegación tendrá libre acceso a las instalaciones del 27 Batallón de Infantería para tomar declaraciones y entrevistar a quienes sean responsables de los hechos del pasado 26 de septiembre de 2014.
También podrán ingresar al centro de detención y a cada una de sus dependencias, así como todo lugar donde haya motivos para creer que se puedan encontrar los estudiantes desaparecidos, incluso lugares sujetos a la jurisdicción militar o castrense.
Estas entrevistas fueron exigidas por el Grupo Interdisciplinarios de Expertos Independientes (GIEI) y quienes acusaron al Gobierno federal de colocar trabas para ampliar las diligencias.
Mientras que los amparos presentados por los presuntos sicarios del grupo Guerreros Unidos, el Tribunal Colegiado consideró que es una muestra de que las investigaciones contra el personal militar no cuentan con total independencia para desarrollarlas.
Los magistrados Mauricio Fernández de la Mora, Juan Antonio Trejo Espinoza y Héctor Gálvez, aseguraron que, como se vio en los autos, no se apreció que se hayan explorado, siquiera, las líneas de investigación que apuntaban a la participación del personal del Ejército mexicano, y la Policía Federal; y encima de ello, tampoco aparece que se hayan investigado los actos de tortura, lo que conlleva que igualmente no se ha indagado al personal a quien se atribuyen tales actos, entre ellos, a los integrantes de la Secretaría de la Marina Armada de México.
“Lo que deja en claro que la investigación tampoco ha resultado independiente ni imparcial”, se lee en la resolución.
Según el fallo del colegiado, durante la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando fueron secuestrados los normalistas, existió presencia de corporaciones policiales de los tres órdenes del Gobierno y del Ejército.
Sin embargo, agrega, la PGR omitió durante meses interrogar a los militares del Batallón adscrito a dicho municipio guerrerense.