Por: Rosa Elena Soto
Acustik Noticias
Ciudad de México, 1 de abril de 2018.- Actualmente existen 8 mil 50 personas privadas de la libertad provenientes de algún pueblo indígena, “muchas enfrentando procesos llenos de irregularidades y violaciones a sus derechos humanos”, afirmó el diputado Germán Ernesto Ralis quien ante esta situación, propuso reformas para que los imputados que pertenezcan a un comunidad indígena en la declaración preparatoria y cualquier documento que requiera rubrica durante un proceso penal esté escrito en la lengua que hable.
El legislador del partido movimiento ciudadano, asegura que esta propuesta que analiza la Comisión de Justicia señala que, en caso de no cumplir con lo establecido, los documentos carecerán de validez.
El diputado federal afirmó que muchos indígenas encarcelados fueron criminalizados desde su detención por no contar con un intérprete, aunado a que “los encargados de impartir justicia carecen de una preparación adecuada y falta de sensibilidad para poder garantizarles un adecuado acceso a la justicia”.
Puntualizó que existen deficiencias enormes para la población en general y aumentan para la población indígena, quienes enfrentan discriminación, abuso, vejaciones, falta de intérpretes y defensores, procedimientos lentos, juicios llenos de irregularidades, sentencias severas en proporción al delito, e ignorancia de los prestadores de servicio, respecto a usos y costumbres de estas comunidades.
Ralis Cumplido destacó que los estados con mayor número de indígenas privados de su libertad son Oaxaca, Chiapas, Puebla, Veracruz, Guerrero, Ciudad de México, Yucatán, Chihuahua, Hidalgo, San Luis Potosí y el Estado de México.
No contar con una cantidad suficiente de intérpretes y defensores, es una gran limitante porque “de nada sirve que haya leyes donde se reconozcan los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas cuando en la práctica es un tema pendiente”, señaló.
La impunidad con que por años se llevan a cabo los procesos penales, dejó a muchos indígenas purgando penas por delitos que no cometieron sólo por hablar una lengua indígena y no poder entender qué decía el documento donde plasman su declaración inicial y su condena, “debido a que el Estado no ha tenido la capacidad de asegurar un adecuado acceso a la justicia”, subrayó.
En los reclusorios hay indígenas que purgan condenas excesivas por delitos menores, firmaron documentos sin saber su contenido, aunado a que no contaron con una defensa adecuada y un proceso libre de impunidad, lo que a la fecha continúa sin que se respeten sus derechos.
Ejemplo de personas a las que les robaron años de su vida sólo por ser indígenas y no contar con un adecuado acceso a la justicia, son los casos de Pedro Gatica, de origen indígena tlapaneco, quien estuvo 11 años en prisión preventiva, así como los hermanos mixtecos, Sebastián y Marcial Zúñiga quienes después de 10 años en prisión, acusados de un delito que no cometieron, los liberaron.
Enfatizó que por muchos años, diversas modificaciones a la ley han reconocido los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas, se realizan campañas y crean asociaciones con el único objetivo de defender y cuidar sus garantías; sin embargo, “dentro de la procuración de justicia falta mucho por hacer”.