Por Natalia Estrada
Acustik Noticias
Ciudad de México, 15 de marzo de 2018.- La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) reveló que 34 personas detenidas por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron torturadas por policías federales, elementos de la marina y de la PGR.
Ante ello, el representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab advirtió que los detenidos sólo deberán ser liberados de no existir elementos de prueba en su contra más que los obtenidos bajo métodos de tortura.
Al presentar el informe “Doble Injusticia. Informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa”, expuso que los exámenes médicos del propio expediente del caso, practicados por elementos de la PGR después de la detención de estas personas, documentan lesiones compatibles con actos de tortura.
“La exclusión de las pruebas bajo tortura no debería significar su liberación automática, sólo serían liberados si no hay otras pruebas, además de las obtenidas bajo tortura. No somos defensores de los procesados, somos defensores del Estado de derecho para todas las personas incluidas las que hayan cometido algún delito”, expresó.
El informe señala que hubo “un modus operandi prácticamente uniforme” en la manera en que las personas habrían sido detenidas arbitrariamente y torturadas para extraerles información o confesiones, y en las demoras significativas en su presentación formal ante el Ministerio Público, lo que a menudo las dejó fuera de la protección de la ley.
Detalló que entre las personas que habrían sido torturadas para obtener su declaración se encuentran policías municipales de Iguala y Cocula así como presuntos integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos.
El informe detalla que estas 34 personas habrían recibido toques eléctricos en múltiples partes del cuerpo, violencia sexual, golpes en diferentes partes del cuerpo con puños, patadas y armas, golpes contundentes en los oídos, asfixia a través de la colocación de bolsas de plástico en la cabeza y ahogamiento a través de la colocación de trapos en la cara seguido de derramamiento de agua, entre otros.
Apuntó que hasta ahora, los funcionarios responsables de estos actos de tortura permanecen en la impunidad, mientras que las autoridades mexicanas continúan utilizando el Protocolo de Estambul de forma incorrecta, aplicándolo meses o años después y sin tomar en cuenta otros elementos para realizar el diagnóstico.
“Hasta la fecha no tenemos ninguna información de que alguien haya sido responsabilizados por los actos de tortura u otras violaciones de los derechos humanos de las personas procesadas, los funcionarios responsables permanecen impunes (…) Que los protocolos de Estambul en México se están aplicando demasiados meses o años después de los hechos, aunque el manual destaca que en la mayoría de los casos, los trazos físicos de tortura desaparecen dentro de seis semanas”, manifestó.
Las conclusiones del informe apuntan a un patrón de comisión, tolerancia y encubrimiento de actos de tortura en la investigación del caso de Ayotzinapa, lo que advirtió, no sólo constituye una violación de los derechos de las personas detenidas, sino también del derecho a la justicia y la verdad de las víctimas de los hechos de septiembre de 2014, sus familiares y la sociedad en su conjunto”.
Por ello solicitaron al gobierno federal aplicar el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura y al Congreso, adoptar reformas legales que garanticen la independencia, autonomía y profesionalismo de una Fiscalía General de la República que incluya órganos de control interno y procesos de rendición de cuentas.
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